La comisión documentará las presuntas violaciones a las garantías individuales de los oaxaqueños e investigará el estado que guarda el derecho a la libertad de expresión, tanto en esa demarcación como en el resto del país.

La visita está prevista para febrero próximo y comprobará denuncias emitidas por las organizaciones civiles de Oaxaca, las cuales expresan que desde mayo de 2006 han ocurrido allí asesinatos, torturas, intimidaciones y ataques contra los defensores de derechos humanos.

También incluye arbitrariedades contra los trabajadores de los medios de comunicación, presos políticos, corrupción y tráfico de influencias por parte de las autoridades estatales.

En tal sentido el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, ofreció todas las garantías para las misiones y organismos de derechos humanos que deseen constatar la situación política que prevalece en el estado.

Serán bienvenidas todas y tendrán plena libertad para que trabajen con el interés de que revisen la situación de las garantías individuales y si hubiese responsabilidad de algunos funcionarios se procederá contra ellos, afirmó.

El ejecutivo local precisó que las próximas tareas políticas serán la construcción de acuerdos con las organizaciones integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y avanzar en la reforma del estado y en los cambios en su gobierno.