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Dominicana en juicio contra empresas de
EE.UU. por contaminación

SANTO DOMINGO, 11 de enero (PL).— El Gobierno dominicano reiteró hoy la decisión de defender ante un tribunal de Estados Unidos su derecho a recibir indemnización por 80 millones de dólares de dos empresas de esa nación por contaminar su litoral norte.

Este jueves los abogados dominicanos anunciaron el fracaso de una solución negociada con las empresas AES Corporation y Roger Fina-Silverspot, que depositaron más de 80 mil toneladas del material tóxico rockash en la costa de Montecristi y Samaná.

Tras el fracaso de las conversaciones, el país irá a un juicio de fondo el próximo 5 de marzo en la Corte del Distrito Federal para el Distrito Este de Virginia, Estados Unidos.

El pasado 13 de diciembre de 2006 el juez federal Gerald Bruce Lee ordenó el caso fuera llevado a juicio y estableció como válido durante el proceso la aplicación de la ley dominicana 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El secretario de Estado de esa cartera, Max Puig, informó que sus abogados hicieron los mejores esfuerzos para lograr un acuerdo con las referidas empresas, pero sus ejecutivos no pusieron el mismo empeño.

Las empresas AES Corporation y Roger Fina-Silverspot están acusadas de conspirar para depositar de manera irregular en las costas dominicanas más de 80 mil toneladas de cenizas residuales de la planta termoeléctrica de AES en Guayama, Puerto Rico.

"República Dominicana estaba dispuesta a discutir un posible acuerdo, si los acusados asumían su responsabilidad, retiraban el rockash depositado entre 2003 y 2004 en las costas y remediaban los daños producidos al medio ambiente", dijo Puig.

"Hasta hoy han preferido gastar su dinero en abogados en vez de destinarlo a resolver el problema creado por ellos con su mal proceder", agregó.

Las mencionadas empresas, recalcó Puig, ignoraron las instrucciones claras y directas de mover el material y, en cambio, han apostado a la imposibilidad del Gobierno dominicano para aplicar las sanciones.

Con la mediación asistida, el juez federal procuraba eliminar los obstáculos para lograr una conciliación, pero al fracasar las conversaciones no queda otra opción fuera del juicio de fondo y la continuación del proceso judicial, acotó el funcionario.

 

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