El Gobierno dominicano reiteró hoy
la decisión de defender ante un tribunal de Estados Unidos su derecho
a recibir indemnización por 80 millones de dólares de dos empresas de
esa nación por contaminar su litoral norte.
Este jueves los abogados dominicanos anunciaron el fracaso de una
solución negociada con las empresas AES Corporation y Roger Fina-Silverspot,
que depositaron más de 80 mil toneladas del material tóxico rockash en
la costa de Montecristi y Samaná.
Tras el fracaso de las conversaciones, el país irá a un juicio de
fondo el próximo 5 de marzo en la Corte del Distrito Federal para el
Distrito Este de Virginia, Estados Unidos.
El pasado 13 de diciembre de 2006 el juez federal Gerald Bruce Lee
ordenó el caso fuera llevado a juicio y estableció como válido durante
el proceso la aplicación de la ley dominicana 64-00 de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
El secretario de Estado de esa cartera, Max Puig, informó que sus
abogados hicieron los mejores esfuerzos para lograr un acuerdo con las
referidas empresas, pero sus ejecutivos no pusieron el mismo empeño.
Las empresas AES Corporation y Roger Fina-Silverspot están acusadas
de conspirar para depositar de manera irregular en las costas
dominicanas más de 80 mil toneladas de cenizas residuales de la planta
termoeléctrica de AES en Guayama, Puerto Rico.
"República Dominicana estaba dispuesta a discutir un posible
acuerdo, si los acusados asumían su responsabilidad, retiraban el
rockash depositado entre 2003 y 2004 en las costas y remediaban los
daños producidos al medio ambiente", dijo Puig.
"Hasta hoy han preferido gastar su dinero en abogados en vez de
destinarlo a resolver el problema creado por ellos con su mal
proceder", agregó.
Las mencionadas empresas, recalcó Puig, ignoraron las instrucciones
claras y directas de mover el material y, en cambio, han apostado a la
imposibilidad del Gobierno dominicano para aplicar las sanciones.
Con la mediación asistida, el juez federal procuraba eliminar los
obstáculos para lograr una conciliación, pero al fracasar las
conversaciones no queda otra opción fuera del juicio de fondo y la
continuación del proceso judicial, acotó el funcionario.