Actualizado 3:30 p.m. hora local

Serán detenidos funcionarios mexicanos
por desastre minero

MÉXICO, 10 de enero (PL). — Directivos de la empresa Industrial Minera de México y funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fueron culpados hoy del accidente en la mina de Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006.

El procurador general de justicia del estado de Coahuila, Jesús Torres, adelantó que se emitirá una orden de detención contra los inculpados por homicidio culposo, omisiones y negligencia en el ejercicio de sus funciones, lo que motivó la muerte de 65 mineros.

Adelantó que los resultados de las investigaciones ya son firmes y se entregarán a la Procuraduría General de la República, las Secretarías de Energía y del Trabajo y Prevención Social (STPS), y al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues hay situaciones que pueden ser indagadas.

Torres afirmó que los implicados deben responder por incurrir en responsabilidades administrativas, laborales y de orden penal, por lo que la pena máxima podría ser de 10 años a seis meses de cárcel.

No obstante, se conoció que los acusados pueden quedar en libertad con el pago de una fianza personal de nueve millones de pesos ( unos 900 mil dólares).

Durante la búsqueda y comprobación de información se determinaron deficiencias en el sistema de ventilación de toda la mina, lo cual ocasionó la acumulación de gas metano y su explosión, al faltar cuatro metros cúbicos de aire por minuto.

También se confirmaron irregularidades en el sistema de polveo del yacimiento, situación que provocó que la explosión se expandiera en la totalidad de la cavidad.

Como tercera prueba se acreditó que la mina de Pasta de Conchos no contaba con metanómetros permanentes ni en el ventilador principal, lo cual impidió detectar la concentración de gas en el filón como lo establecen las normas internacionales para esos trabajos.

Por último, se confirmó negligencia por parte de los inspectores federales de la STPS en la verificación de las medidas de seguridad en el interior del yacimiento, al no recorrerlo en tu totalidad y omitir clausurar ese centro de trabajo dada la falta de seguridad.

El procurador de Coahuila concluyó que luego de varios exámenes y dictámenes periciales se estableció que la muerte de los mineros pudo ser por la explosión, la onda expansiva y calórica de ésta o por asfixia, provocada por los derrumbes.

Varios diputados del Partido de la Revolución Democrática aseguraron que no habrá impunidad en este accidente y demandaron seguir las investigaciones e indemnizar conforme a la ley a los familiares de las 65 víctimas.

 

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