Las arbitrariedades y atropellos
del gobernador Ulises Ruíz contra el movimiento social de Oaxaca serán
denunciadas en la corte penal internacional de La Haya, informaron hoy
dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Diputados Federales del PRD participantes en el Primer Foro
Nacional por la Defensa de Oaxaca indicaron que presentarán las
acusaciones la semana próxima, pues existen elementos para establecer
los principios que configuran crímenes de lesa humanidad.
En la primera jornada del encuentro, celebrada ayer, se escucharon
testimonios de golpes, insultos, amenazas de muerte, condiciones
insalubres, humillaciones y violaciones sexuales contra los detenidos
el pasado 25 de noviembre por la Policía Federal Preventiva.
La intención, explicaron los legisladores del PRD, es que un juez
internacional conozca y llame a rendir cuentas a los posibles
responsables del nivel público que sea, para lo cual serán presentados
unos 40 testigos.
El Foro reúne a activistas sociales, dirigentes de organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos, diputados y senadores del PRD,
familiares de presos políticos, ex reclusos, representantes sindicales
y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Asisten también integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra de San Salvador Atenco y del Movimiento de Unidad de Lucha
Triqui.
En los debates se exige la renuncia del gobernador estatal, juicio
político para sus cómplices y justicia por la violación de los
derechos humanos no sólo en Oaxaca, sino también en Guadalajara, San
Salvador Atenco, Sicartsa y Pasta de Conchos.
Los parlamentarios del PRD apoyaron la propuesta de la Liga
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, de que el Congreso
solicite la presencia de la Cruz Roja Internacional para visitar a los
recluidos en distintos penales del país.
Varias intervenciones coincidieron en que la violación de los
derechos humanos en Oaxaca no es reciente, sino se remonta a décadas,
pero ahora agravada por la presencia de fuerzas militares y el envío
de los detenidos a cárceles de máxima seguridad.
Asimismo, llamaron a la organización de la sociedad civil de la
demarcación a limar asperezas y unirse en contra de los malos
gobiernos y en aras de una solución al conflicto, iniciado en mayo del
pasado año con protestas laborales de los maestros locales.