LOURDES PÉREZ NAVARRO
lourdes.p@granma.cip.cu

La Convención Internacional para los Derechos de las Personas Discapacitadas, primer tratado de derechos humanos adoptado en el siglo XXI, fue aprobada el pasado 13 de diciembre por 192 países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas.

Según datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 650 millones de personas (el 10% de la población mundial), vive con una discapacidad. El propósito de la Convención es promover, proteger y garantizar que estas personas disfruten de manera plena y por igual del conjunto de derechos humanos: accesibilidad, libertad de movimiento, salud, educación, empleo, recreación, habilitación y rehabilitación, participación en la vida política, cultural y deportiva.

El documento reconoce la discapacidad como un concepto en evolución, resultado de la interacción entre las deficiencias de una persona —físicas, mentales, intelectuales y sensoriales—, y obstáculos que van desde barreras constructivas hasta actitudes que impiden su integración plena en la sociedad.

De acuerdo con estudios comparativos, solo 45 países cuentan con legislaciones encaminadas a reprimir prácticas discriminatorias que provocan marginación social en individuos con minusvalías. Por ello se necesita una norma universal, jurídicamente vinculante, dirigida a asegurar que los derechos de estas se garanticen en todo el mundo.

El tratado recientemente adoptado estará abierto a la firma y sujeto a la ratificación de los estados miembros de la ONU. Entrará en vigor en cuanto sea ratificado por veinte países.

En nuestro país existen diferentes legislaciones en materias tales como empleo, educación, seguridad social, salud y accesibilidad, en las cuales están recogidos los derechos y beneficios de las personas con discapacidad. Otras están en proceso de perfeccionamiento, por ejemplo, el nuevo proyecto del Código de Familia incluye un capítulo sobre los deberes y obligaciones de la familia hacia los miembros con algún tipo de minusvalía.

Los logros al respecto se deben, especialmente, a la aplicación sistemática de una política social, con el Estado como principal responsable. En su ejecución intervienen de manera coordinada diversos organismos e instituciones, y participan activamente las asociaciones de limitados físico-motores (ACLIFIM), de ciegos (ANCI) y de sordos (ANSOC). Para ello hace una década se creó un grupo de trabajo multisectorial denominado Consejo Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad (CONAPED).

En el año 2003 concluyeron dos estudios (Psicosocial de las personas con discapacidades, y Psicopedagógico, social y clínico genético de las personas con discapacidad intelectual), que abarcaron el universo de 366 864 personas con minusvalías físico–motrices, visuales y mixtas, e intelectuales.

La investigación no solo permitió caracterizar a la población con discapacidad, proporcionando una importante información para los programas preventivos, sino que contribuyó a identificar las necesidades individuales, propiciar las estrategias para solucionarlas y elevar la calidad de vida de estos individuos.

Al evaluar el impacto del Plan de acción nacional para la atención a las personas con discapacidad 2001-2005, la máster Yusimí Campos Suárez, directora de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, destacó, entre otros aspectos, el incremento de los programas en materia de salud dirigidos a este segmento poblacional.

En este periodo se creó el Centro Nacional de Ortopedia Técnica con una red de 38 unidades (laboratorios y talleres integrales, de calzado y de implementos ortopédicos); fueron distribuidas 31 490 sillas de rueda e importadas 21 264 prótesis auditivas, cifras aún insuficientes, pero que representaron 8 250 y 13 294 unidades más, respectivamente, a lo disponible en el quinquenio anterior.