Las movilizaciones fueron acordadas al término de una reunión de evaluación de la gestión de gobierno, los días 4 y 5 de diciembre pasado, en la central ciudad de Cochabamba.

Esas acciones de los movimientos sociales serán en los nueve departamentos y saldrán en defensa de la democracia y el respeto a la dignidad de los bolivianos, según el documento de la convocatoria al cual tuvo acceso Prensa Latina.

Las organizaciones populares apoyan la gestión del presidente Morales y abogan por impulsar los trabajos de la Asamblea Constituyente, empantanada desde agosto pasado debido a maniobras de la oposición.

Representantes de unas 42 organizaciones sociales también señalan que deberá acabarse con la falta de coordinación y atención oportuna a las demandas por parte de los diferentes ministerios, viceministerios y otras dependencias estatales.

En la agenda sugerida por las organizaciones se plantea la modificación de la Ley de Pensiones, la recuperación de las concesiones minerías ociosas, la modificación del Código Minero y la creación de un impuesto minero.

La industrialización de los hidrocarburos con la implementación de la petroquímica y termoeléctricas, conforman también el paquete de demandas.

Ese texto incluye además la idea de diseñar un plan de vivienda social más amplio y con acceso a las familias con menores recursos, así como la urgente necesidad de acelerar la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, exiliado en Estados Unidos.

También pide establecer la presencia del Estado boliviano en regiones del oriente donde -asegura- "manda el autoritarismo de hacendados y extranjeros, registrándose incluso en algunas zonas un régimen de terror en contra de cualquier indígena, campesino o trabajador comprometido con la patria".