Así lo expuso ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el abogado de la acusación Leopoldo Torres, en nombre de la viuda y los hijos de Couso, junto al cual murió también el reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk.

La petición cobra fuerza reiterativa después que en diciembre pasado el Tribunal Supremo de España anulase el archivo del caso, que había sido decidido por un tribunal de la Audiencia Nacional.

La Audiencia había archivado el caso bajo el sospechoso argumento - similar al de Washington- de "entender" que los disparos que mataron a los reporteros no constituían delito de asesinato, sino un "acto de guerra contra un enemigo aparente erróneamente identificado".

El abogado denuncia la reiterada y voluntaria falta de cooperación de las autoridades estadounidenses en la investigación y les reclama notifiquen a los tres imputados.

También insta al Ministerio de Justicia español que solicite al fiscal general de Estados Unidos facilite la declaración de los tres militares asesinos.

Torres considera que, dada la gravedad de los delitos que se les imputan y de la pena que pudiera corresponderles, procede acordar la prisión provisional incomunicada y sin fianza de éstos y su extradición a España.

Por ello, reclama que se dicte orden de detención internacional contra todos y además se solicite a Estados Unidos la extradición del sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp.

La familia de Couso exige, además, que se imponga a los tres militares una fianza de un millón 12 mil euros.

Como los imputados intervinieron en los hechos en su condición de miembros del Ejército de Estados Unidos participante en la invasión de Iraq, el abogado pide que se requiera idéntica fianza a la Administración Federal de los Estados Unidos.