Cástulo López, de la comisión de prensa y propaganda de esa organización, señaló que la Secretaría de Gobernación se comprometió a liberar a todos los presos políticos y de conciencia antes de concluir 2006.

El acuerdo incluía reanudar el diálogo el próximo 8 de enero, para negociar una salida política al conflicto que hace siete meses vive ese estado del sureste mexicano, iniciado el 22 de mayo con protestas de los maestros por mejores salarios.

Explicó que los plantones fueron un acuerdo de la plenaria del consejo estatal de la APPO y del Comité de Familiares de Desparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca, para presionar a las autoridades y lograr la excarcelación de esas personas.

Insistió en que participar o simpatizar con un movimiento social no significa ser delincuente y que quedó demostrado que los autores del incendio de edificios, durante los enfrentamientos del pasado 25 de noviembre, fueron grupos paramilitares al servicio del gobierno local.

Los familiares de los detenidos denunciaron que son víctimas de presiones psicológicas para que levanten los campamentos y responsabilizaron a las administraciones federales y del estado de cualquier acción en su contra.

Asimismo, rechazaron cualquier intento de arreglo condicionado para liberar a los detenidos, al tiempo que consideraron que aceptar una propuesta de ese tipo es admitir que los presos son culpables, por lo que exigieron soltarlos de inmediato.

El pasado domingo fueron puestos en liberad 11 personas de la cárcel regional de Miahuatlán y siete del penal de Tlacolula, luego de ser obligados a afirmar que los forzaron a promover actos violentos.

Entre tanto, la APPO creó el municipio libre y autónomo de San Juan Copala, en el oriente del estado donde habita la etnia triqui, con una dirección que deberá escuchar al pueblo, no ser corrupta y buscar la paz para toda la nación.

La nueva forma de gobierno se declaró ajena a todo partido político, al considerar que esas organizaciones no reconocen a los pueblos indígenas, y ratificó su oposición al gobernador estatal, Ulises Ruíz, a quien se le exige renunciar desde el pasado 14 de junio.