En una declaración escrita sobre la decisión anunciada ayer por el presidente Hugo Chávez de no renovar el permiso, que vence en mayo de 2007, Rangel consideró que existen reacciones que mezclan tergiversación y la descalificación por razones políticas.

Precisó que la renovación o no de la concesión es un derecho indiscutible del Estado en cualquier parte del mundo.

Asimismo, consideró que carece de asidero en la realidad el argumento político dado por los directivos de RCTV acerca de una supuesta represalia del gobierno por su condición de medio al servicio de la oposición.

Precisó que durante ocho años de gestión del presidente Chávez, en el caso de RCTV nunca hubo una respuesta represiva, pese a la manera como ese medio se involucró en acciones desestabilizadoras, incluyendo el golpe de Estado de 2002.

Si los directivos de RCTV recurren al argumento político —apuntó Rangel— no hacen otra cosa que reconocer su participación en la política, con lo cual su posición debe evaluarse en ese terreno.

Subrayó que no se trata de una expropiación, como algunos han dicho, ni de revocar una concesión, a lo cual también tiene derecho el Estado, sino de un acto adoptado en el marco de la discrecionalidad.

Pretender invalidar el derecho soberano del Estado a otorgar o no concesiones, a revocarlas o no, significaría que los expropiados por los privados serían la sociedad y el Estado, expresó el vicepresidente venezolano.

Igualmente, el ministro de Comunicación e Información, William Lara, ratificó que el próximo 27 de mayo vence la concesión a la señal abierta del canal 2 (RCTV) en poder de las Empresas 1BC, y no en 20 años como expresan sus directivos.

El Grupo 1BC opera desde 1953 una señal abierta y en 1987 el gobierno de entonces emitió un decreto en la Gaceta Oficial número 33.726 para fijar los acuerdos de explotación de estaciones televisoras y radiodifusoras por 20 años.