Ignacio García, integrante del grupo de trabajo, aseguró que si delicada es la situación que se vive allí, donde imperan las detenciones arbitrarias, malos tratos y violaciones de las garantías individuales, también lo es no tener a los responsables de las muertes

En ocho días de labor en Oaxaca, la Comisión ha entrevistado a más de 70 personas, entre autoridades estatales, dirigentes sociales e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y dirigentes religiosos, y ha visitado tres penales.

El funcionario indicó que al permanecer impunes los homicidios, la mayoría adjudicados a grupos paramilitares afines al gobierno de Ulises Ruíz, se genera la sensación de que los muertos son anónimos y no se indagan tales delitos.

Precisó que a pesar de la confianza ganada por la gente, aun existe miedo a ofrecer testimonios, y si bien el clima general está relajado en el estado, hay conciencia de que las causas del conflicto están latentes, por lo que reiteró la necesidad de un cambio.

García, quien trabaja junto a otros activistas de derechos humanos de nueve países, subrayó que la situación en Oaxaca es mucho más profunda y delicada de lo imaginable.

La Comisión también visitó la comunidad de San Francisco Cajones, en la Sierra Juárez, donde platicaron sobre la situación de los estudiantes y maestros de esa población afectados por el conflicto, iniciado el 22 de mayo pasado con protestas laborales de los docentes.

El grupo de trabajo fue recibido el 26 de diciembre por la dirección de la APPO para presentarles su metodología de trabajo y recoger pruebas, declaraciones y demandas de los habitantes de la ciudad de Oaxaca.