La política de promoción de la
democracia con fines marcados y supuestas libertades de expresión que
pregona hoy Estados Unidos por el mundo representa una clara
intromisión en los asuntos internos de otros países.
Iniciativas impulsadas por Washington como la creación del Fondo de
ayuda a defensores de los derechos humanos (Human Rights Defenders
Fund) sirven de respaldo a organizaciones en países donde Estados
Unidos tiene intereses, afirmó el experto Bektosh Berdiev.
El investigador del Fondo de Política regional denunció asimismo
que el gobierno norteamericano "violando las legislaciones de esos
estados" desembolsa recursos financieros para cubrir necesidades
personales de presuntos activistas de derechos humanos.
Los ingentes esfuerzos de la administración norteamericana para
promover sus intereses mediante financiamiento a organizaciones no
gubernamentales se han visto en los últimos tiempos limitados por
mecanismos legales, sostuvo el analista uzbeko citado por RIA Novosti.
Dijo que, sin embargo, buscan nuevas iniciativas para sortear el
control del sistema bancario de esos países y cumplir sus objetivos.
Según expertos, Estados Unidos utiliza las redes financieras a
través de Freedom House, United Status Agency for Internacional
Development (USAID) y la National Endowment for Democracy para
infiltrar las estructuras gubernamentales de esos países.
Esta modalidad funciona combinada con otros estilos a nivel
diplomático, militar, financieras y por mediación de sus servicios
secretos.
El congreso estadounidense aprobó para 2006 y 2007 montos
millonarios de ayuda para la "democracia" en Rusia, Bielorrusia,
Ucrania, Georgia y Kirguistán, entre otras repúblicas ex soviéticas.
En el caso de Uzbekistán, el gobierno declaró ilegal el pasado año
las actividades de la fundación estadounidense Fredom House, por su
abierto y deliberado apoyo a opositores del presidente Islam Karimov.
Las presiones por parte de la Casa Blanca y de la Unión Europea
sobre Tashkent aumentaron a raíz de la revuelta en la ciudad de
Andizhan, en mayo de 2005.
Los aliados occidentales declararon un bloqueo a la venta de armas
a Uzbekistán y restricciones al ingreso de funcionarios a sus países.
De otro lado las medidas de Karimov dieron un giro de 180 grados a
la orientación de su gobierno esta vez hacia Rusia y al espacio
postsoviético, al renunciar a su antigua alianza con Estados Unidos.
El líder uzbeko anunció antes de terminar 2005 el cierre del
espacio aéreo y de su territorio al paso de aviones de tropas de la
OTAN con destino a Afganistán.
También de manera unilateral decidió el desmantelamiento de la base
militar norteamericana en Karshi-Janabad, considerada clave en el
control estratégico del Pentágono de Asia Central.
Uzbekistán se reincorporó recientemente a la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva de la CEI.