Un comunicado de ese organismo precisó que los apresamientos en instalaciones de la firma cárnica Swift Co. forman parte de una investigación de 10 meses con el objetivo de descubrir supuestos robos de identidades por personas sin papeles.

Medios de prensa aquí informaron que las plantas cárnicas revisadas de forma minuciosa por la policía se encuentran en Colorado, Nebraska, Texas, Utah, Iowa y Minnesota.

Las personas capturadas en la redada proceden de países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Laos, Sudán y Etiopía, indicó la autoridad gubernamental.

Organizaciones sindicales denunciaron que esas redadas masivas son contrarias a los derechos de los indocumentados, pues la policía aún no ha revelado siquiera los nombres de los detenidos.

Mike Mary, vocero del sindicato en la planta de la entidad Swift Co., ubicada en Grand Island, Nebraska, manifestó que hasta 250 trabajadores de ese sitio fueron arrestados en las últimas horas, según el influyente rotativo The Washington Post.

El latino Tony García expresó que la forma violenta en que los inmigrantes fueron detenidos preocupa a las familias hispanas y que muchos niños a cargo de esas personas quedaron ahora desamparados.

Hemos recibido muchas llamadas de mujeres desesperadas que preguntan sobre el destino incierto de sus maridos, expresó el padre Clarence Sandoval, de la Iglesia Católica St. Thomas Aquinas, en Logan, Utah.

Un documento emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, reflejado por medios de prensa norteamericanos, ordena que los cónsules de ese país vecino en Estados Unidos garanticen el acceso y la protección de los indocumentados mexicanos retenidos.

Por su parte, el senador republicano Wayne Allard, de Colorado, manifestó su alegría porque las autoridades federales apliquen endurecidas leyes contra los inmigrantes para, según él, poner orden en el país.

Esas declaraciones concuerdan con el punto de vista de congresistas de esa bancada, que en el legislativo bloquearon un proyecto integral de reforma migratoria, el cual incluía la legalización de 11,2 millones de indocumentados en Estados Unidos.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han acusado al gobierno del presidente George W. Bush de ordenar la represión contra las personas "bajo la sombra", como práctica discriminatoria y para deportarlos a sus países de origen.