En un comunicado difundido por el obispo auxiliar Oscar Mario Campos, la diócesis expresó que ya comenzó el seguimiento de casos concretos y documentados de personas indebidamente detenidas, entre otras cuestiones.

Destacó que la situación vivida en la demarcación en los últimos meses es una dolorosa realidad, con sus profundos desequilibrios sociales, económicos, políticos y educativos, por lo que es necesario revisar las causas que los desencadenaron.

Según refleja el texto, la crisis ha dejado un pueblo herido por la división social y ante esto es necesario trabajar hacia una reforma estructural del estado, pero cualquier propuesta deberá ir por encima de intereses particulares, dijo.

Este domingo, y pese a los temores ante la posibilidad de represión, familiares de las decenas de personas detenidas el pasado 25 de noviembre, marcharon por las calles del zócalo oaxaqueño.

Entretanto, los jueces penales del reclusorio de Nayarit, donde se encuentran 141 ciudadanos presos acusados de sedición, incendio, y resistencia de particulares, entre otros delitos, fijaron fianzas de hasta cuatro millones de pesos, (unos 400 mil dólares).

Por su parte, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) indicó que en Oaxaca 15 personas murieron, 150 resultaron lesionados y 200 detenidos, además de un sinnúmero de desaparecidos.

A más de seis meses de manifestaciones la profunda crisis que vive el estado demuestra el clima de ingobernabilidad, sistemáticas violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura, intimidación, agregó Limeddh.