Tras tres días de intensos debates, el comité técnico del OIEA desestimó la petición de la República Islámica, en coincidencia con el inicio de las sesiones de dos días de la Junta de Gobernadores de ese órgano, integrada por 35 países.

La demanda iraní esta relacionada con la terminación para finales de esta década de esa instalación científica, con un reactor de 40 megavatios, que deberá producir isótopos con fines medicinales.

El referido organismo de salvaguarda atómica debatió, además, un informe presentado la semana pasada por su director general, Mohamed El Baradei, sobre el programa atómica de Irán.

Al respecto, El Baradei indicó que Teherán le aseguró hace unos días su intención de permitir a inspectores del OIEA la toma de nuevas muestras medioambientales en suelo iraní y de ofrecer datos sobre la planta piloto de enriquecimiento de uranio de Natanz.

Teherán defiende su derecho al uso pacífico de la energía nuclear y rechaza las acusaciones por parte de Estados Unidos de que intenta desarrollar armas de destrucción masiva.

La planta de Natanz, en el centro del territorio iraní, produce uranio enriquecido por debajo del seis por ciento de concentración, cuando para obtener materia prima con fines militares se requiere de una concentración de más de 90 puntos porcentuales.

Aún así, Washington insiste en presionar dentro del seno del OIEA para aprobar sanciones internacionales contra la República Islámica, cuyo caso ya fue llevado al Consejo de Seguridad de la ONU, el cual aprobó una resolución en julio pasado en ese sentido.

Ese documento estableció un ultimátum de 30 días para que Irán suspendiera su programa de enriquecimiento de uranio y aludió a la posibilidad de imponer restricciones en caso de incumplimiento.

La resolución se basó en un acuerdo alcanzado en junio pasado en Berlín por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China (todos miembros permanentes del Consejo de Seguridad), así como el país anfitrión, para presentar una posición común frente a Teherán.

Sin embargo, Moscú y Beijing se oponen ahora a la imposición de sanciones al estado persa, sin contar antes con evidencias concretas en el terreno de una violación del régimen establecido por el Tratado de no Proliferación (TNP).