Murió
apuñalado a los 16 ó 17 años, lo encontraron en una calle de Honduras,
pero no se conoce su nombre. Lo enterraron trabajadores de la no
gubernamental Casa Alianza.
"La violencia contra los menores es alarmante y, al menos aquí, no
mejora para nada", dijo a IPS este jueves el director de Casa Alianza,
José Manuel Capellín, por teléfono celular desde el Cementerio del
Durazno, en las afueras de la capital hondureña.
"Este joven que estamos enterrando ahora es como muchos otros, la
gran mayoría pobres que viven en la violencia desde que nacen", dijo
Capellín.
"¿Quiénes lo mataron? No lo sabemos. ¿Quiénes son sus padres?
Tampoco lo sabemos. Lo que está claro es que hay un círculo de
impunidad que reproduce la violencia contra niños y niñas", añadió.
Veintiocho por ciento de las víctimas de homicidios en América
Latina y el Caribe, que suman entre 100 000 y 200 000 anuales,
corresponden a personas de entre 10 y 19 años. En Honduras, 1 976
menores de 23 años murieron asesinados entre enero del 2002 e igual
mes de este año.
Tales cifras se reportan en un estudio sobre la violencia contra
niñas y niños presentado este jueves en Panamá por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
"Los niveles de violencia que sufren los niños en sus hogares, las
escuelas y las comunidades asustan, y lo peor de todo es que en la
mayoría de los casos los perpetradores quedan impunes", dijo a IPS
Nils Kastberg, director de Unicef para América Latina y el Caribe.
Solo en Honduras fueron asesinados en los últimos 10 años 3 350
niñas y niños, presuntamente por miembros de pandillas juveniles,
policías, guardias de seguridad privados y hasta familiares, según el
director de Casa Alianza, una organización que trabaja con la infancia
de varios países.
Una niña boliviana confesó en una ocasión que prefería "darle sexo
al policía de la cuadra una vez a la semana para que la proteja, que
estar en casa para que su padrastro la viole todas las noches", relató
Kastberg.
De acuerdo con Unicef, hay grandes grados de violencia dentro del
entorno familiar y no se habla de ello.
"El silencio genera una impunidad que se perpetúa por generaciones.
Es que los castigos corporales, los psicológicos y las violaciones
sexuales dentro de la familia representan un pasaporte de entrada a
una sociedad de violencia", sostuvo el director de la agencia.
"La explotación sexual es una de las hijas de la pobreza y de la
violencia familiar. En América Central, el 80 por ciento de la
población es pobre y la mitad de ella es menor de 18 años", afirmó
Capellín.
Pero Kastberg precisó que la violencia contra los menores en
América Latina y el Caribe no se circunscribe a las familias pobres,
sino que se da en todas las clases sociales y en todos los grupos
étnicos.
El funcionario de Unicef consideró "increíble" que la violencia en
las escuelas esté prohibida por ley solo en Ecuador, Honduras,
República Dominicana y Venezuela.
"Hay mucho que hacer, no podemos seguir así", apuntó.
Pero los gobiernos están haciendo muy poco, dijo Capellín.
"Aquí no se mejora, y eso se ve en muertos como el que enterramos
hoy, en los niños que andan en las calles buscando comida en la
basura, en las pandillas violentas, en la violencia sexual y en todo
lo que no se ve ni se habla", afirmó.
La
gran mayoría de países de la región han ratificado instrumentos
internacionales que garantizan la protección y los derechos de los
niños, aunque no se cumplen...
Algunos esfuerzos oficiales e independientes merecen replicarse:
(NR: desde nuestra óptica siguen siendo insuficientes para hallar
soluciones efectivas a la magnitud del problema).
En Brasil, Unicef apoya a una escuela popular de fotografía ubicada
en el corazón de un barrio pobre y violento de Río de Janeiro, donde
los jóvenes aprenden a retratar, pero también a valorar su entorno y
el de sus vecinos.
En México se desarrolla en las escuelas un programa llamado
Educación para la Paz, en el cual padres, madres e hijos asisten a
talleres para aprender a solucionar conflictos sin violencia.
En Haití, un hospital de la capital detecta a menores que han sido
maltratados, para darles asistencia y trabajar con sus familias,
mientras en Nicaragua se creó una red intergubernamental y de la
sociedad civil para hallar y tratar casos de violencia sexual en áreas
rurales remotas. (IPS)