. —
Aun cuando el gobierno rechaza que la delincuencia rebasa al Estado
mexicano, el país volvió a vivir hoy otra jornada de violentos hechos
con la muerte de al menos seis agentes públicos.
El portavoz presidencial, Rubén Aguilar, reconoció que los
problemas de seguridad son preocupantes, pero no los consideró
alarmantes, a pesar de que esta semana es calificada como la más
sangrienta en lo que va de año.
Un grupo de personas armadas no identificadas acribilló esta mañana
en su rancho Los Cuates al presidente municipal de Huimanguillo,
Tabasco, Walter Herrera, representante del Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
Según reportes de la Policía Municipal los hechos se registraron
alrededor de las 6:30 de la mañana, hora local, de este miércoles
cuando el alcalde llegaba a su rancho ganadero.
El alcalde, quien concluiría su periodo el 31 de diciembre de este
año, había sido postulado por el PRD como candidato a diputado
federal, pero posteriormente declinó.
Mientras tanto, cinco agentes de la policía ministerial y uno del
Ministerio Público fueron emboscados y asesinados en la comunidad de
Dos Aguas, Michoacán, por al menos seis pistoleros que les dispararon
más de 600 veces con rifles de alto calibre.
Ante ese violento caso el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas
Batel, solicitó mayor presencia de las autoridades federales, incluido
el Ejército, para que resguarden las regiones de Tierra Caliente, la
sierra y la costa de esa demarcación.
Extraoficialmente 482 personas han perdido la vida en ese estado en
lo que va de año, pero las autoridades estatales señalan que sólo
alrededor de 350 podrían tener relación con el crimen organizado.
Con esos seis asesinatos, suman 30 los elementos y jefes policíacos
ultimados en 2006 en Michoacán.
También en Acapulco, Colima y Ciudad Juárez se registraron otras
muertes, mientras en Tamaulipas fueron incautadas 5,5 toneladas de
marihuana y se decomisó un laboratorio de procesamiento de drogas
sintéticas.
A la larga lista de crímenes se suma el hallazgo de los cuerpos de
varias mujeres en Veracruz, Guerrero y Chihuahua, una de ellas
decapitada, lo que suscitó una demanda a la Procuraduría General de
Justicia para que investigue esos crímenes.
Ante el clima de violencia en el país, el Senado prepara un acuerdo
para exigir a la Procuraduría General de la República y a la
secretaría de Seguridad Pública federal combatir la impunidad en todas
sus manifestaciones, pues ese flagelo rebasa a los estados.
Para el Legislativo la inseguridad se ha convertido en la más alta
prioridad nacional, por lo que la propuesta será enriquecida con las
valoraciones de al menos 20 demarcaciones acosadas por ese flagelo.
En tal sentido varios diputados señalaron que la violencia, el
crimen organizado y la pérdida de valores están sobrepasando los
límites y la impunidad, por ineficacia, negligencia o complicidad, se
impone como la madre de la inseguridad.