Actualizado 11:45 a.m. hora local

Intensifican acciones en México contra
gobernador de Oaxaca

MÉXICO, 15 de noviembre (PL).— Tal como anunció la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), desde hoy se intensificarán las acciones en ese estado mexicano encaminadas a lograr la destitución del gobernador local Ulises Ruíz.

Dirigentes del movimiento indicaron que en breve reinstalarán las barricadas, ocuparán oficinas públicas y cerrarán carreteras, para demostrar que la demarcación es ingobernable.

Asimismo informaron que el próximo viernes realizarán una manifestación en los alrededores de la casa de transición del presidente electo, Felipe Calderón, para exigir la retirada de la Policía Federal Preventiva (PFP) de la capital del estado.

Manifestaron que serán bienvenidas todas las organizaciones sociales y políticas que defiendan las causas que enarbola la APPO, y aclararon que ni con el Partido de Revolución Democrática (PRD) ni con el Frente Amplio Progresista, o alguna otra se han establecido acuerdos.

Rechazaron que una opción de buen gobierno para Oaxaca pudiera ser de manera específica algún integrante del PRD, en tanto consideran que las autoridades locales deben surgir de la misma asamblea.

Entretanto, Ulises Ruíz, a dos años de haber asumido el poder, se alista para presentar su segundo informe de gobierno, aunque aún se desconoce si lo hará personalmente, si lo enviará por medio de su secretario General de Gobierno, Heliodoro Díaz Ezcárraga.

Otra alternativa sería la de decretar una sede alterna para el caso.

Ya el año pasado sucedió, pues en ese entonces el mandatario se acogió a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que le permite enviar por escrito el documento a través del titular de Gobernación.

En 2005, la LIX Legislatura inició su período de sesiones con una ceremonia de poco más de cinco minutos, tiempo que le llevó al secretario entregar el documento.

Para esta ocasión, solo hay incertidumbre, una ciudad ocupada por más de cuatro mil efectivos de la PFP, y una crisis social y política de casi siete meses de duración.

 

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