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En rechazo al uso de la fuerza pública para desalojar al movimiento
social opositor de Oaxaca, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y
organizaciones internacionales denunció hoy la muerte de tres
personas, 22 detenidos y 19 desaparecidos.
Distintas oficinas de la Organización de Naciones Unidas y
agrupaciones no gubernamentales demandaron a las autoridades mexicanas
una investigación sobre los hechos violentos del pasado domingo que
determine si la policía actuó con apego al derecho.
El Comité para la Protección de los Periodistas envió una carta al
procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en la cual
lo insta a indagar a fondo la muerte del reportero estadounidense
Bradley Will.
También la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos lamentó los sucesos, sostuvo que la
violencia no se justifica y llamó a los gobiernos estatal y municipal
a adoptar medidas para distender la situación.
El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, dijo
que en el conflicto hay violaciones de las garantías básicas por
detenciones arbitrarias, allanamientos a hogares y desapariciones.
La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la Iniciativa
de Copenhague para Centroamérica y México, y la Conferencia del
Episcopado Mexicano apremiaron a las autoridades federales a efectuar
una pesquisa para llevar a los responsables ante la justicia.
Mientras tanto. el presidente electo Felipe Calderón respaldó el
operativo policiaco en Oaxaca, al afirmar que se hizo con todo
cuidado, al tiempo que llamó al gobierno local a que actúe con plena
responsabilidad.
Calderón pidió a los maestros y a los líderes de todas las
organizaciones involucradas en el conflicto a restablecer el curso
escolar para que un millón 300 mil alumnos regresen a clases.
El próximo mandatario mexicano deseó rápida recuperación de la
capital oaxaqueña, después de las graves pérdidas económicas de los
últimos meses y consideró que la prudencia y sensatez de todos los
involucrados es fundamental para evitar mayores daños.
Justificó el uso de la fuerza al considerar que la legalidad, el
estado de derecho y la preservación del orden público son funciones
esenciales de todo gobierno para que los ciudadanos vivan seguros y
con plena integridad física y patrimonial.