CIENFUEGOS.— Todo indicaba que allí, en la Zona No. 2 del puerto de esta ciudad, la madrugada del 2 de agosto del 2005 sería otra más. Sin embargo, la tensión demostrada por cuatro individuos que laboraban en el área de pesaje era indicio claro de que algo especial ocurriría. Y en ese "algo" ellos estarían involucrados.

Sobre la una de la mañana un camión Kamaz con arrastre se acerca a la plataforma de pesaje. La operación, de "rutina", se produce después que el transporte ha cargado soya procedente de las bodegas de un buque surto en el muelle. Al timón un chofer de la Base de Transporte Agropecuario de Villa Clara, que habituado a estos menesteres pone cuidado extremo en ubicar el vehículo sobre la báscula.

En la línea paralela a la tarima, dentro de la cabina donde se comprueba el peso de la mercancía a granel, un obrero del Servicio de Certificación y Pesaje comprueba en la pantalla digital de la computadora el resultado. Sin embargo, la medición debe ser fiscalizada todavía por otro eslabón de la cadena de vigilancia. Como es habitual, un agente del Cuerpo de Supervisión y Control (Cuba Control) se encarga de dar el "visto bueno" a la operación.

A primera vista parece un bien engrasado mecanismo de inspección y registro de cada recurso que entra y sale del Puerto. Pero quienes debían intervenir para proteger los bienes del pueblo estaban en contubernio con los dos choferes que transportaban la soya, y hasta habían ideado un método para falsear las lecturas de la carga real que sale del puerto.

Poco después, uno de los choferes aguarda en la plazoleta exterior para no hacer solo el viaje de regreso; su compinche, al timón de un vehículo idéntico al anterior, repite las mismas evoluciones. Lo realiza con la pericia de quien lo ha ensayado mil veces porque, para consumar el hecho delictivo, debe ponerse cuidado en que el último par de neumáticos "muerda" sobre el asfalto, fuera de la plancha de pesaje... Ese aparente y sencillo método sobre el que los supervisores "se harán los de la vista gorda", les permitirá apropiarse de una buena cantidad de soya, que nunca llegará al destino señalado en los conduce y hojas de ruta de ambos camiones: la fábrica de Pienso de Villa Clara.

Al parecer todo había salido a la perfección. Celebran los conductores el "palo" con los equipos de música a todo volumen, cuando aparecen en el lugar fuerzas combinadas del Ministerio del Interior y con una orden tajante: volver a pesar la carga.

Los autores quedan mudos, pero no les queda otra alternativa que cumplir la orden. Ejecutado el repesaje de la soya, se pudo comprobar que entre el dato final y el que consta en los conduce de los camioneros hubo una notable diferencia: 15 060 kilogramos de más (15,06 toneladas).

Tras las investigaciones de rigor se comprobó que por cada tonelada sin cuantificar en factura, los choferes pagaban 1 000 pesos, información que se corrobora poco después cuando en los registros personales y a domicilio efectuados al que certificó el pesaje y al agente de Cuba Control se le ocuparon varios fajos de 1 000 pesos.

Durante la vista del juicio ejemplarizante efectuado en la propia área donde ocurrieron los hechos, el Ministerio Fiscal demostró con pruebas documentales y testificales el modus operandi de los acusados, conocidos en el argot de los delincuentes como "pellizco de gomas".

La Fiscalía dejó claro que, dentro de las funciones del pesador y del funcionario de Cuba Control, está cerciorarse de que los equipos de transporte se ubiquen correctamente dentro del espacio de la báscula, y que incluso, en caso de duda, antes de tasar hay que realizar una comprobación personal, cuando por razones de visibilidad dicha verificación no pueda hacerse desde la propia ventanilla de la cabina donde se registra el peso.

Otras pruebas del peritaje realizado a los equipos digitales demostraron alteraciones realizadas ex profeso al programa computarizado, por lo que a partir del suceso fue necesario reinstalar uno nuevo en el banco de datos.

La soya es un producto importado, de grandes valores proteicos. Su cotización en el mercado mundial alcanza en la actualidad cerca de 210 dólares la tonelada, de ahí que resulte fácil sacar cálculos de cuál hubiese sido el monto de la "sangría" practicada al erario público por estos cuatro individuos: más de 3 160 dólares.

Con la pretendida carga se podían elaborar algo más de 50 toneladas de pienso animal, cifra que hubiese facilitado la alimentación de un día completo de toda la masa de la Empresa Porcina en el territorio sureño.

Estos hechos delictivos aparecen tipificados en el Código Penal como falsificación de documentos, cohecho y apropiación indebida.

Durante la celebración del juicio, cada uno de los encartados estuvo representado por letrados de la Defensa, quienes con total apego a las líneas del Derecho contaron con las mismas facilidades y prerrogativas que el Ministerio Fiscal. Para su labor, acudieron al testimonio de testigos y documentos de la Defensa elementos que el Tribunal tuvo en cuenta a la hora de dictar sentencia.

Finalmente, la Sala de Justicia declaró culpables a los acusados por los delitos imputados, y estableció sanciones de seis años de privación de libertad para el encargado de la certificación y el pesaje y el agente de Supervisión y Control, y cinco años para cada uno de los dos choferes. A todos ellos la Ley les concedió el derecho de establecer recurso de casación.