La Unión Americana de Libertades
Civiles (ACLU, siglas en inglés) exigió ante un tribunal de la Florida
la revocación de una ley estadounidense que prohíbe los intercambios
académicos con Cuba, informó hoy el Miami Herald.
El pleito legal presentado por ACLU desafía una interdicción
estatal sobre los viajes de catedráticos, profesores universitarios y
otros investigadores hacia la isla antillana, como parte del bloqueo
de Washington contra Cuba.
Delegados de la congregación cívica pidieron al jurado de la
Florida derogar la arbitraria legislación para que los científicos y
estudiantes norteamericanos puedan realizar al máximo sus programas
investigativos y colaboraciones académicas.
Ante la audiencia del juez de distrito Adalberto Jordan, la ACLU
impugnó este jueves la norma anticubana la cual calificó como
inconstitucional y transgresora de derechos ciudadanos en Estados
Unidos.
La Unión de Libertades Civiles sostiene que la controvertida ley
también supervisa injustamente los movimientos hacia el extranjero de
capitales privados, concesiones de fondos y donaciones de
instituciones universitarias.
Además de Cuba, la ley prohíbe a académicos estadounidenses el uso
de fondos estatales para viajar a Irán, Libia, República Popular
Democrática de Corea, Sudán y Siria.
Según la ACLU, la normativa aprobada por la Legislatura de la
Florida a inicios de este año parece contradecir a algunas excepciones
federales acerca de intercambios científicos con los países
mencionados.
Entre las personas naturales demandantes en el caso están Lisandro
Pérez, profesor de la Florida International University, José Alvarez,
catedrático de la Universidad de la Florida, y Brett Jestrow,
estudiante de doctorado, indicó el Miami Herald.
Estos estudiosos denunciaron que la prohibición estatal de la
Florida ha frustrado múltiples planes de viaje y pacíficas
indagaciones universitarias relacionadas con la nación caribeña.
Estados Unidos mantiene hace casi medio siglo un bloqueo comercial
y financiero contra el pueblo de Cuba que ha constado más de 86 mil
millones de dólares en daños directos e incontables sufrimientos al
pueblo de la Isla.