La prensa, el periodismo y los periodistas cubanos, como todos nuestros compatriotas, sufren los efectos del criminal bloqueo de Estados Unidos, intensificado de forma demencial por la administración Bush. Esa política no solo intenta matar de hambre y enfermedades a nuestro pueblo, sino impedirle, además, que conozca y difunda la verdad de Cuba y el mundo por sus propios medios.

A la guerra económica, comercial y financiera, se une un ataque mediático despiadado durante casi medio siglo. Alrededor de la Isla se ha montado un cerco de agresión radial y televisiva, mediante transmisiones subversivas de las mal llamadas Radio y TV Martí, propiedad del gobierno estadounidense, dirigidas a provocar un cambio en el sistema político cubano. Para tal fin, en el presupuesto federal de ese país se destinan decenas de millones de dólares cada año.

Para incrementar el envío forzoso de señales televisivas disponen de más de un avión; para la radio, por 30 frecuencias destinan cada semana contra nuestro país más de 2 200 horas de programación. Ese bombardeo de mentiras, manipulación y tergiversaciones, en el que se incluye la programación de emisoras de corte terrorista al servicio de los grupos extremistas radicados en la Florida, pisotea las regulaciones internacionales y envenena constantemente el espacio radio electrónico.

En ese clima enrarecido se desenvuelve cotidianamente el ejercicio del periodismo cubano, cuyo sector se ve perjudicado, además, porque se impide o encarece la obtención de equipamiento o insumos destinados al funcionamiento y desarrollo de la industria poligráfica, la radio y la televisión.

El caso de Internet es muy ilustrativo. Cierre de mercado y precios elevados de los recursos tecnológicos, en medio del periodo especial, provocaron que los medios cubanos no tuviesen una activa y dinámica presencia en la red de redes hasta finales del pasado siglo. Conocida es la negativa de acceso a las aplicaciones informáticas y de software por parte de las compañías transnacionales norteamericanas, que dominan el mercado de estos productos y perjudican también nuestros medios de comunicación.

Por idénticas razones, Cuba no ha podido, por otro lado, conectarse a Internet mediante un cable óptico submarino, obligándola a utilizar los satélites, que son más costosos y de limitada anchura de banda que hacen, además, más lento el servicio.

A toda esa realidad se suman otras medidas del gobierno de Estados Unidos en la esfera de la comunicación, la información y el periodismo, que están contenidas en la Ley Helms-Burton y en el denominado Plan Bush para una supuesta transición en Cuba, cuyo anexo secreto hace suponer proyectos de agresión militar, y que no son más que instrumentos para la anexión y el regreso a un pasado, que en el caso de los medios implica la implementación de un modelo totalitario de prensa comercial, excluyente, basado en la dictadura del mercado, la concentración de la propiedad y el mercenarismo intelectual, alejados cada vez más de la ética, la verdad y los principios.

Es tal la desfachatez de ese tipo de medios, cuya reinstauración sueñan imponer a Cuba, que, con la firma de uno de los soplones disfrazados de periodistas pagados por el gobierno de EE.UU. y que la mafia anticubana de Miami ordenó volver a emplantillar, el Nuevo Herald acaba de anunciar nuevas acciones del clan Bush para perseguir y reprimir a ciudadanos que en territorio estadounidense violen la legislación del bloqueo, entre ellos los que comercien, envíen remesas o viajen a la Isla por terceros países.

Los periodistas cubanos, junto a todo el pueblo, expresan su repudio a esa política inmoral y genocida del gobierno de los Estados Unidos, y proclaman que toda acción imperial dirigida a obstaculizar o impedir el cumplimiento de nuestra función social de informar de manera veraz y precisa a nuestro pueblo y al mundo, está llamada al fracaso, pues no logrará sus objetivos, tal como ha ocurrido en los últimos 47 años.

Pedimos a las organizaciones periodísticas de América Latina y del mundo, y a los medios y periodistas honestos, que reclamen e investiguen el contenido del anexo secreto del Plan Bush y demanden de sus gobiernos el apoyo a la resolución presentada en la ONU que pide el cese inmediato del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, el cual ha ocasionado daños por más de 86 000 millones de dólares y causado sufrimientos y penurias al pueblo cubano.