Escondido se ha convertido en la primera ciudad en California y la séptima en el país en negarle vivienda a los inmigrantes indocumentados.

Una moción aprobada ayer prohíbe a todos los dueños de casas o apartamentos rentar sus unidades a las personas que no puedan comprobar su estado legal en el país. Si los dueños no obedecen, serán multados con 1 000 dólares o podrían ver revocada su licencia.

"Estoy feliz con la aprobación de la moción", explicó la concejal Marie Waldron, autora de la iniciativa. "Nuestras escuelas, nuestros hospitales y los servicios sociales son los que están siendo utilizados y están superpoblados, no los de Washington", apuntó en defensa de la medida que podría dejar en la calle a miles de familias, en particular de origen latino.

Por su parte, algunos residentes y decenas de miembros del grupo antiinmigrante Minuteman gritaban "USA, USA, USA", al escuchar el voto en favor de la medida. Afuera del concilio se encontraban decenas, posiblemente más de 200 agentes de policía y del Sheriff de San Diego y agentes de tácticas antimotines.

Luis Rincón, residente del área desde hace seis años y originario de Querétaro, México, se mostró temeroso al momento de ser entrevistado. Él es padre de familia y sus hijos también son inmigrantes. "No tengo palabras para decir lo que siento. Solo le puedo decir que me siento triste y esperamos que nos podamos quedar en esta ciudad, de la que ya somos parte y hemos ayudado a construir".

Informes oficiales estiman que 150 000 personas viven en Escondido, de las cuales el 42% es de origen latino. Sin embargo, cifras extraoficiales, indican que los inmigrantes ya forman más del 50%.

"Con esta ordenanza, todos los latinos nos vamos a ver afectados, porque los que ya son ciudadanos por lo menos tienen un familiar que no tiene documentos y eso será suficiente para ser sacado de su departamento", expresó una señora que prefirió no revelar su nombre.