Feliciano Condori, uno de los líderes del Consejo Nacional de Allus y Markas (comunidades) del Qullasuyu (antiguo nombre de actual territorio boliviano), afirmó que Sánchez de Lozada debe rendir cuentas ante la justicia.

El mandatario está formalmente acusado de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta, por haber ordenado reprimir una rebelión social, una decisión causó 67 muertes y a la postre lo obligó a renunciar en octubre de 2003.

Condori señaló que entre los pueblos originarios existe preocupación por el riesgo de que los crímenes del ex gobernante queden impunes debido a la protección que le dispensa Washington.

Según Condori, Sánchez de Lozada hace valer su doble nacionalidad —también posee la norteamericana— para eludir la justicia.

El dirigente indígena acusó al gobierno de George W. Bush de asilar a un criminal. "Estados Unidos pregona ser un país democrático, entonces sólo queremos que se haga justicia", insistió.

Por su parte, la Fiscalía General de Bolivia inició gestiones para lograr la extradición del ex mandatario, ante la negativa del gobierno norteamericano de notificar al reo sobre los cargos en su contra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que una de las prioridades del nuevo embajador de La Paz ante Washington, Gustavo Guzmán, es insistir en ese trámite, solicitado hace más de un año en virtud de acuerdos bilaterales.

El diplomático tiene además entre sus tareas la de promover una campaña de sensibilización de la opinión pública norteamericana para la extradición del ex gobernante.

La campaña, presentada por el presidente Evo Morales ante la Asamblea General de Naciones Unidas, argumenta que la legislación norteamericana prohíbe acoger a genocidas.

Los trámites para extraditar al ex gobernante neoliberal comenzaron virtualmente en septiembre pasado, cuando la Fiscalía General ordenó su detención, enviada a la policía local y a Interpol.

El Ministerio Público solicitó además a la Corte Suprema incluir en el proceso contra Sánchez de Lozada y varios de sus ex ministros, a los ex viceministros Franklin Anaya, Freddy Ferrufino, Alberto Vargas y José Barragán.

Según la Fiscalía, los ex funcionarios, en su condición de ministros interinos, firmaron en octubre de 2003 decretos que ordenaban la represión militar.

Por su parte, la Asociación de Víctimas de la represión de octubre del 2003 anunció que presentará al Parlamento un proyecto de ley para que los caídos en esas jornadas sean declarados héroes nacionales.