El fallo, adoptado por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, permitirá al juez Alejandro Madrid -quien está a cargo de la investigación- interrogar y eventualmente sancionar al nonagenario general (r) por su presunta responsabilidad en el crimen.

Berríos fue sacado ilegalmente del país por la inteligencia militar en 1991, cuando Pinochet mantenía su cargo de comandante en jefe del Ejército, y trasladado a Uruguay para impedir que declarara en el juicio por la muerte del ex canciller Orlando Letelier, en 1976.

El ex químico fue hallado muerto en 1995 de un disparo en la cabeza en una playa del Pacífico uruguayo. Su última aparición pública fue pocos meses antes cuando denunció ante una comisaría de ese país que se encontraba secuestrado y temía por su vida.

La resolución de hoy -aprobada por 16 votos contra dos- se suma al reciente desafuero del ex dictador por 27 casos de tortura y 32 secuestros permanentes acaecidos en el centro clandestino de la DINA, conocido como Villa Grimaldi.

La defensa del ex gobernante tiene posibilidad, no obstante, de apelar el dictamen ante la Corte Suprema, tribunal que tendría la última palabra en este proceso.

Berríos, quien como químico era una pieza clave en la guerra bacteriológica de los cuerpos represivos de la dictadura militar contra los opositores políticos, es sospechoso de la misteriosa muerte del ex presidente democristiano Eduardo Frei Montalva, en 1982.