Subraya el documento que el obstáculo proviene de los servicios secretos israelíes que descartan de forma automática y con sistematicidad los permisos de entrada a su territorio, por considerar a los pacientes potenciales amenazas para la seguridad del estado.

Sostiene la investigación, avalada por médicos israelíes y palestinos, que Tel Aviv aplica criterios selectivos discriminatorios y muy generales en sus decisiones, y sólo atiende aquellos casos en los que son interpuestas reclamaciones legales.

Las mayores amenazas provienen de las personas comprendidas en edades entre los 16 y 35 años, e inclusive a los que cuentan entre 18 y 40, quienes son considerados potenciales peligrosos, agrega.

El rechazo se extiende, además, a hombres y mujeres solteros, o a los que aún no tienen descendencia, y a los que tengan antecedentes penales o familiar ligado presuntamente a actividades contra Israel.

La organización PHR califica estas medidas de castigo colectivo y alega que constituyen violaciones de los derechos humanos contra el pueblo palestino, porque en algunos casos la negación a tratamiento médico significa sentencia de muerte.