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Tras más de ocho horas de conversaciones, la sección 22 del magisterio
y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y el gobierno
mexicano alcanzaron una salida institucional al conflicto que vive hoy
ese estado.
Entre los acuerdos tomados se encuentra el que la seguridad pública
estará en lo adelante a cargo de policías municipales y estatales,
bajo el mando de un funcionario federal con rango de subsecretario.
Ello implica la destitución de los principales funcionarios de
seguridad y procuración de justicia en ese territorio del sur
mexicano.
Desde ahora y hasta el viernes, la APPO someterá a consulta la
entrega de la capital de Oaxaca, mientras que los maestros se
comprometieron a llevar a votación con las bases si regresan o no a
clases.
En tanto, la salida del mandatario estatal, Ulises Ruíz, principal
demanda de la APPO, seguirá su curso por la vía institucional y será
el Senado el que decida si procede o no la desaparición de poderes en
esa entidad.
Enrique Rueda, dirigente magisterial de la sección 22, aseguró que
continuarán exigiendo la salida del gobernador.
Los integrantes de la Caminata por la Dignidad de Oaxaca, que
salieron hace 19 días desde allí, llegaron anoche al Distrito Federal.
A los más de seis mil miembros de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO) y la sección 22 del sindicato magisterial se
unieron otras organizaciones sociales durante las últimas siete horas
de marcha, en respaldo al reclamo de dimisión de Ruíz.
Los oaxaqueños, seguidos por diversas organizaciones sociales,
instalaron campamentos frente al Senado y mantienen cerradas
importantes avenidas del centro histórico de la ciudad.
Tanto la APPO como los docentes ratificaron que se mantendrán en
plantón permanente en las inmediaciones del Senado para exigir la
salida de Ruíz del poder, que consideran como única solución al
conflicto en Oaxaca.