El mundo pendiente de una respuesta

LINO ORAMAS

Como un molesto lobanillo que de pronto se torna en una complicación de vida o muerte, se le presenta al recientemente surgido Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU el tema de la ilegal prisión que mantiene Estados Unidos en la base naval de Guantánamo.

El nombre de esa porción del suelo cubano ilegalmente en manos de EE.UU., pronunciado ahora en el CDH, se presenta en variadas facetas vinculadas con los peligros del mundo de nuestros días y sus protagonistas: los "buenos" y los "malos".

Las expectativas acaban de hallar una respuesta inicial cuando cinco relatores del ente multinacional, en una intervención conjunta en el Consejo, precisaron que el proyecto de ley sobre métodos de interrogatorio que la Casa Blanca propuso al Congreso de EE.UU. viola los estándares de la Convención de Ginebra en materia de derechos humanos.

Los expertos Leandro Despouy (relator especial sobre la independencia de la justicia), Paul Hunt (de salud física y mental), Asma Jahangir (libertad religiosa), Manfred Nowak (tortura) y Leila Zerrougui (detenciones arbitrarias) piden nuevamente el cierre de la prisión de Guantánamo y cualquier otra cárcel secreta, y denunciaron: "No solo el gobierno (estadounidense) no cumplió con ningún paso para cerrar el centro de detención de Guantánamo, sino que recientemente propuso un proyecto de ley al Congreso que es una violación de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos y de los requisitos del artículo 3 de la Convención de Ginebra".

Zerrougui subrayó que han visto "con gran preocupación" que Washington no solo no ha adoptado medidas para cerrar esa prisión, sino que "ha construido un nuevo edificio y empezará a funcionar a finales de mes", según reporta la agencia EFE.

La inmediata reacción en boca del embajador estadounidense en Ginebra, Warren Tichenor, fue definitoria: "Estados Unidos no tiene ningún interés en ser el carcelero del mundo... Pero recién podremos cerrar Guantánamo si seguimos protegiéndonos a nosotros y a nuestros aliados de la amenaza que parte de los hombres detenidos allá".

El presidente Bush acaba de reconocer, tras lograr un acuerdo entre la Casa Blanca y los congresistas republicanos, que la falta de esa legislación privaría a Estados Unidos de una herramienta fundamental en su enfrentamiento al terrorismo.

Y es que las acciones del 11-S dieron pie al memorando redactado por un asesor jurídico del Presidente que es hoy Ministro de Justicia, quien estimó legal detener a sospechosos de episodios terroristas, retenerlos sin plazo fijo y torturarlos o hacerlos desaparecer por la CIA en cualquier parte del mundo con permiso del inquilino de la Casa Blanca, pues, como comandante en jefe, este puede usar los "métodos y medios para confrontar al enemigo" que considere apropiados.

Un innegable aporte al prohijar el empleo de esta "herramienta" favorita de Bush. Son públicas las llamadas técnicas de "interrogatorio coactivo" que fueron materia de estudio de la Escuela de las Américas —siniestra institución del ejército estadounidense ubicada en Panamá entre 1946 y 1984— donde se halla la cuna de los escándalos por torturas. Graduados allí regresaron a sus países para perpetrar los peores crímenes en nombre de la "libertad" y la "democracia".

Novedosa en esta historia también resulta la complicidad de otros gobiernos. George W. Bush, al defender la existencia de prisiones secretas controladas por la CIA, previno incluso —reportan las agencias de prensa— que tiene intenciones de conservarlas; de ellas una estaría en Polonia y otra en Rumania.

En un sentido más recto se expresó el consejero jurídico del Departamento de Estado, John Bellinger: "Lo que el Presidente ha dicho claramente es que la información derivada del interrogatorio a estos individuos ha sido compartida para salvar vidas europeas... los gobiernos europeos deberán decidir si prefieren o no beneficiarse con esta información".

El ex presidente James Carter, por su parte, descalificó al primer ministro británico, Anthony Blair, por su política de sumisión a los lineamientos de Washington, indicó el rotativo The Daily Telegraph. Blair ha sido reiteradamente criticado por no condenar, ni pedir el cierre de la cárcel de Guantánamo y limitarse a calificar su existencia de "anomalía".

Una de las parlamentarias al frente de las investigaciones ordenadas en el Viejo Continente tras el revuelo causado por las revelaciones del mandatario yanki, Sarah Ludford, indicó que las palabras de Bush ponen en ridículo a los gobiernos que, hasta ahora, habían rechazado la existencia de estas prisiones.

Entretanto, la Unión Europea anunció que continuará su diálogo con los EE.UU. sobre la "salvaguarda" de los derechos humanos en la "lucha contra el terrorismo" y admitió que las "cárceles secretas violan las leyes internacionales".

Mientras el CDH tiene por estos días a Estados Unidos bajo su pupila crítica, en el plenario de la Asamblea General de la ONU se reiteran los llamados a frenar los abusos e ilegalidades que se cometen en nombre del enfrentamiento al terrorismo.

Las imágenes de prisioneros con ojos y oídos tapados, la afrenta de Guantánamo y el mantenimiento de cárceles clandestinas en Europa integran el pedestal —entre otros elementos— del poder hegemónico que se pretende.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante tres semanas, recorre un quebradizo camino al final del cual muchos aguardan.

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