Al justificar la actual ola de detenciones, representantes de la Oficina Migratoria manifestaron que en todos los casos los indocumentados apresados incumplieron órdenes de deportación dictadas por jueces.

Desde hace más de cuatro meses en el territorio estadounidense se activaron nuevos puestos de vigilancia e incrementaron los patrullajes en varias zonas para detectar a indocumentados, muchos de los cuales son deportados hacia sus países de origen.

Organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes hispanos acusaron al gobierno del presidente George W. Bush de adoptar políticas discriminatorias contra los indocumentados, grupo que conforman 11,2 millones de personas.

Esos pronunciamientos ocurren cuando el Senado debate un proyecto de ley para levantar una doble valla de más de mil 200 kilómetros en la frontera entre Estados Unidos y México, con el objetivo de impedir el paso de inmigrantes.

El senador Bill Frist, líder de la mayoría republicana, expresó el lunes último que sólo tras obtener más seguridad en los límites territoriales se podrá llegar a un consenso para una reforma migratoria.

Para los demócratas, Frist pretende dar marcha atrás a su apoyo a las transformaciones migratorias, al hacerle el juego a los líderes republicanos de la Cámara Baja que apuestan a que las medidas de seguridad les darán ventajas en las elecciones de noviembre.

Los representantes republicanos informaron en la Cámara Alta —tal y como lo vaticinaron analistas— que este año no será reformada la ley de inmigración, la cual contempla la legalización de indocumentados, entre otros importantes aspectos.