La
campaña electoral brasileña continúa hoy su curso en medio de las
tensiones desatadas por un escándalo que la oposición intenta
manipular a su favor.
El mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección
por la coalición Fuerza del Pueblo, participará en Brasilia en la
ceremonia de firma del compromiso "Presidente amigo de los niños".
Los candidatos Luciano Bivar (social-liberal), José María Eymael
(social-demócrata-cristiano) y Cristovan Buarque
(democrático-laborista) grabarán entrevistas para la radio y la
televisión.
La senadora Heloisa Helena, del Partido Socialismo y Libertad,
también tiene entrevistas, pero intervendrá además en un debate sobre
reforma sindical, laboral y de prevención social en Sao Paulo.
El más ambicioso de los proyectos del día parece ser el concebido
por el candidato social-demócrata Geraldo Alckmin, quien escogió a la
capital fluminense para lanzar su programa de gobierno.
Criticado por la demora en dar a conocer sus proyectos
neoliberales, Alckmin al parecer consideró llegado el momento de
divulgarlos, a sólo 11 días de las elecciones.
Y no es que tenga apuro, sino que al parecer busca aprovechar un
escándalo iniciado el sábado último con el arresto de dos sujetos que
intentaban comprar un dossier con ciertos datos considerados
comprometedores.
Los compradores fueron identificados como Valdebran Padilha, un
afiliado del Partido de los Trabajadores, y el abogado y ex policía
Gedimar Passos.
El vendedor resultó ser el empresario Luiz Antonio Vedoim, jefe de
una banda que suministró a prefecturas ambulancias sobre facturadas
obtenidas con fondos públicos desviados del Presupuesto Nacional.
Vedoim estaba en libertad beneficiado por delatar a sus cómplices,
entre ellos casi un centenar de parlamentarios que hoy son acusados de
corrupción y procesados por la comisión de ética del Congreso.
Las supuestas víctimas del escándalo por la compra del dossier son
precisamente Alckmin y el aspirante a gobernador de Sao Paulo, José
Serra.
La coalición de partidos que los representan aprovechó el
acontecimiento para lanzar una campaña de denuncias contra el gobierno
y tratar de revertir la desventaja de 22 puntos de su aspirante
presidencial.
Primero hablaron de impeachment (juicio político para apartar a
Lula del poder) y luego presentaron una demanda para anular su
candidatura electoral y no tener que enfrentarlo el 1 de octubre.
Mas como el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Marco
Aurelio de Mello, dijo que un juicio de ese tipo sólo puede ocurrir
después de las elecciones, apareció otra variante.
Anoche el Corregidor General Electoral del TSE, ministro César
Asfor Rocha, abrió una investigación judicial para determinar -dijo-
si Lula fue beneficiado por la aparición del dossier.
El magistrado iInformó que, además del mandatario, serán
investigados el titular de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, el
presidente del PT, Ricardo Berzoini y el asesor de la presidencia ,
Freud Godoy.