La separación de periodistas de sus empleos en El Nuevo Herald y otros medios norteamericanos, acusados de cobrar salarios gubernamentales por su colaboración con Radio y TV Martí para atacar a Cuba, ha concentrado por estos días la atención de los círculos políticos y mediáticos de la Florida.

Los directivos que decidieron las sanciones explican ahora sus razones y los más prominentes personajes de la mafia cubano-americana se muestran indignados.

Entre inculpaciones, reproches y justificaciones nadie se ha detenido en el análisis de otras aristas políticas y morales, mucho más trascendentes, de acuerdo con las funciones sociales de la prensa.

Vale entonces recordar la sobresaliente participación de Wilfredo Cancio y Pedro Alfonso, dos de los columnistas del Herald, conocidos por sus calumnias contra los cinco cubanos luchadores antiterroristas desde el mismo 12 de septiembre de 1998, cuando fueron arrestados por el FBI, y durante todo el proceso que concluyó con el amañado juicio.

Con sus mentiras y diatribas casi diarias los ahora defenestrados profesionales contribuyeron a acuñar, mediante la reiteración, la condición de espías de los Cinco y a presentarlos como sujetos muy peligrosos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Esta campaña desempeñó un papel decisivo en la creación de un ambiente de hostilidad en el seno de la comunidad contra los acusados, indispensable para manipular impunemente el proceso judicial.

Pero la contribución de estos periodistas de alquiler no se limitó a eso. Ellos formaron parte destacada entre quienes presionaron mediante amenazas al jurado y a las autoridades judiciales, con la finalidad de lograr las condenas, aun cuando no aparecieran evidencias demostrativas de culpabilidad.

Cancio y Alfonso, sumados a otros cancerberos de la mafia de origen cubano, ocultaron que la misión de Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González consistía en la búsqueda de información acerca de los planes fraguados por las organizaciones terroristas, que con toda impunidad han actuado durante años contra la Isla.

La labor de los Cinco forma parte de los esfuerzos de las autoridades de Cuba para proteger a su pueblo de ataques que hasta la fecha han costado la vida a más de tres mil cubanos y provocado lesiones invalidantes a otros dos mil.

Se admite públicamente que los periodistas cobraban salarios provenientes del presupuesto estatal para atacar a Cuba, con lo cual violaron no solo normas impuestas por sus empleadores, sino también elementales principios éticos establecidos desde hace años en el país.

La importancia que tiene destacar esta vieja y extendida práctica es que ahora ha sido puesta en evidencia, denunciada y castigada por los propios enemigos de la Isla, pues desde hace años y de manera detallada y sistemática el gobierno y los medios cubanos han denunciado tales prácticas mercenarias.

Si los encargados de hacer justicia en el caso de los Cinco quieren ser consecuentes con la ética, lo que en términos jurídicos se llama Nuevas Evidencias, aquí tienen una prueba, una más, de que todo el proceso seguido durante ocho años a esos luchadores antiterroristas no fue más que una colosal conspiración anticubana.

Este episodio pone en evidencia nuevamente la doble moral reinante en esa prensa corrupta que se jacta de objetiva, libre e independiente, mientras miente, calumnia y manipula alineada a los peores intereses imperiales y de sus mafiosos aliados.

Con esta operación quirúrgica, presentada como un simple conflicto de intereses, el Herald y los demás, como " inocentes y ofendidas víctimas " de los Cancio, los Alfonso y compañía, seguirán dándose golpes de pecho acerca de su supuesta independencia.