En una resolución difundida aquí, el IFE argumentó que las boletas están sujetas a un régimen especial de inviolabilidad, que impide incluso al organismo tener acceso a estas.

La coalición Por el bien de todos denunció la ocurrencia de numerosas acciones fraudulentas contra su candidato, Andrés Manuel López Obrador, para favorecer al ahora presidente electo, Felipe Calderón.

Otro reclamo de revisión de los votos fue presentado también por un grupo de intelectuales como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y Luis Mandoki, entre otros, pero especialistas dan por seguro que tampoco será aceptado.

Catedráticos universitarios y representantes de organizaciones no gubernamentales alertaron ayer en un seminario sobre la presunta prisa de los magistrados del IFE por destruir los votos de los pasados comicios.

Les urge incinerar las boletas para que no queden supuestas pruebas de la elección, dijo la profesora Irma Eréndira Sandoval, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Subrayó que los ciudadanos tienen derecho a la información para someter a la rendición de cuentas a las instituciones electorales del país.

Mientras, tres días después de que Felipe Calderón fuera declarado presidente electo de México, en el país continúan desatándose reacciones de rechazo en diversos sectores sociales y académicos.

Para el constitucionalista Ramiro Bautista, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), es un fallo legal pero ilegítimo.

Los magistrados no soportaron el enorme peso de los intereses políticos y económicos que apoyan a Calderón y se subordinaron, lo que eliminó la posibilidad de alcanzar una sentencia que aún con una mínima diferencia de votos hubiera permitido certificar la elección, acotó.

Bautista, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), agregó que al reconocer múltiples irregularidades y considerar que fueron irrelevantes, el Tribunal ahondó la crisis que viven las instituciones públicas.

Legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) anunciaron el comienzo de una estrategia de desconocimiento del mandatario electo ante instancias internacionales.

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, no reconoció a Calderón y consideró que México necesita entrar en una nueva etapa política.

El dictamen del Tribunal es el signo más emblemático del agotamiento del sistema político en que se encuentra la nación, aseveró.

Por otra parte, dirigentes de la coalición Por el Bien de Todos rechazaron cualquier posibilidad de diálogo, discusión o acercamiento con Felipe Calderón.

A su vez, Andrés Manuel López Obrador advirtió a sus seguidores que no se preocupen por lo que hagan sus adversarios, pues éstos se dividirán cuando comiencen a repartirse los cargos.

Cuando se reparte mal el botín hay motín. Eso es entre mafiosos, señaló el político la víspera en su habitual asamblea informativa.

Entretanto, miles de personas provenientes de toda la nación responden a la convocatoria hecha por la coalición a participar en la Convención Nacional Democrática (CND).

Estudiantes, obreros, profesionales, amas de casas y jubilados, acuden cada día a los campamentos de resistencia civil pacífica ubicados en calles y céntricas plazas del Distrito Federal, para registrar su participación en la jornada del 16 de septiembre.

Martí Batres, dirigente del PRD en la capital, asegura que cientos de miles de mexicanos apoyan la convención, que prevé ocupar 32 calles del centro histórico.

En la explanada del Zócalo (Plaza de la Constitución), se ubicará la población más vulnerable, adultos mayores, indígenas y aquellos con capacidades especiales, afirmó.