TEGUCIGALPA, 30 de agosto (PL). — Diputados hondureños presionan hoy al gobierno para que decrete estado de emergencia nacional, ante la creciente violencia que amenaza la seguridad ciudadana y la estabilidad del país.

"No podemos permitir que la delincuencia nos tenga de rodillas, la población debe reaccionar de una forma positiva", argumentó el legislador Javier Francisco Hall, al presentar una moción al Congreso que insta al Ejército a salir a las calles en un término de 24 horas.

De esta manera, los parlamentarios emplazaron al ministro de Seguridad, Álvaro Romero, quien es blanco de fuertes críticas por su desempeño, calificado de pobre por sectores políticos y sociales.

En este contexto, sus detractores exigen una reestructuración de esa cartera.

Parlamentarios del Partido Liberal advirtieron que la solución al problema "está en manos del Presidente de la República, ante la incapacidad de sus subalternos".

Romero insiste en que hay una "falsa percepción de la inseguridad", aunque admite que la policía trabaja con muchas deficiencias y que la Ley Orgánica debe ser reformada para limpiar ese estamento de oficiales y agentes corruptos.

Hace dos semanas, el diputado Juan Orlando Hernández presentó una moción para que el titular de Seguridad comparezca ante el pleno y diga qué apoyo necesita.

Por su parte, el presidente Manuel Zelaya convocó a una reunión este miércoles en la Casa de Gobierno, donde el Consejo Especial de Seguridad discutirá nuevas estrategias para combatir el rebrote de criminalidad en el país.

Aclaró que este ente, integrado por miembros del Ejecutivo, el Legislativo, las Fuerzas Armadas, Fiscalía, el Comisionado de los Derechos Humanos y la sociedad civil, no reemplazará al Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN).

Servirá para analizar la creación de leyes, acuerdos y disposiciones internas de varias dependencias vitales en el combate de la delincuencia, subrayó.

Zelaya anunció que conversará con los dueños y directores de los medios de comunicación para discutir el tratamiento de las informaciones sobre la crisis de inseguridad que vive el país.

A su juicio, no hay un aumento de la delincuencia, sino un alza "de las noticias de criminalidad".

El comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, expresó su desacuerdo con el Consejo Especial, por considerar que esta nueva entidad no tiene razón de ser, pues la función de asesoramiento en seguridad le compete al CONASIN.

En tanto el fiscal adjunto Omar Cerna compartió que es necesario discutir las políticas de seguridad en el Consejo Nacional de Seguridad Interior y no en otro organismo y abogó por un desarme total.

La decisión sobre autorizar esa iniciativa está en manos del Congreso por medio de la promulgación de una ley.

En la mayoría de muertes violentas en Honduras hay un arma de fuego de por medio.

Estadísticas oficiales indican que la violencia ha tenido un repunte en la costa norte.