REYNOLD RASSI
rassi@granma.cip.cu

La forma de actuar de este falso inspector, prófugo de la justicia, lo alentaba a seguir viviendo de sus fechorías.

La aplicación de técnicas, como las huellas dactilares, por especialistas y peritos policiales permitió la identificación y captura del falso inspector.

Pero olvidó que a la Ley no se le puede burlar todo el tiempo; que el robo con violencia en viviendas habitadas es aún más repudiado; y que el desarrollo científico y técnico de las fuerzas del Ministerio del Interior están en función, principalmente, de la lucha contra el delito y la protección de los bienes de nuestra sociedad.

Armando A. García, alias Pupi, de 35 años y natural de Holguín, había sido sancionado en el año 2000 a 12 años de privación de libertad por hurto continuado de autos en Ciudad de La Habana, sanción que cumplía en un centro penitenciario de su provincia.

A principios del 2004 mientras trabajaba en un centro con régimen abierto, se evadió del lugar y tras sustraerle el carné de identidad a un primo sustituyó la foto de este por una suya. Con ese falso documento viajó a la capital.

DE NUEVO A LAS ANDANZAS

Desde el 23 marzo al 10 de junio del 2004 Äexplica a Granma el capitán Ernesto Despaigne Díaz, primer instructor de delitos contra el patrimonio, de la División de Investigación Criminal y Operaciones del MININT— ocurrieron siete hechos de robo con violencia en casas habitadas de diferentes municipios de Ciudad de La Habana.

Las investigaciones mostraban que el autor era el mismo y que actuaba solo. El modus operandi utilizado era mostrar un carné de inspector falsificado, de diferentes organismos, entre ellos de la Vivienda para penetrar en las casas seleccionadas para sus fechorías.

Valiéndose de ello obtenía información sobre las características de las viviendas habitadas por personas de avanzada edad en especial ancianas solas. Después llegaba a las casas, mostraba uno de los carnés alterados y ya en su interior cometía el delito.

De los siete robos de su autoría, seis fueron a mujeres, casi todas ancianas, y el otro, a una menor de 12 años que se encontraba sola. Tras amenazar a sus víctimas con un arma blanca, las amarraba y amordazaba y así quedaba libre para apoderarse de videos, grabadoras y otros equipos electrodomésticos, joyas y prendas de vestir.

ACCIÓN DEL MININT Y LA JUSTICIA

Mediante el trabajo investigativo de distintas fuerzas del MININT (División de Investigación Criminal y Operaciones, Departamento Técnico de Investigaciones, Técnica Canina, Laboratorios Centrales de Criminalística y otros), se identificó al autor de los delitos.

Decisivas fueron las huellas levantadas y su análisis con los modelos dactiloscópicos existentes, el uso de la técnica del retrato hablado según características del sujeto ofrecidas por las víctimas, el apoyo de diferentes unidades de la Policía Nacional Revolucionaria, y la actuación profesional del instructor para aportar las pruebas necesarias. Finalmente se identificó quién era el autor de tales delitos.

El 16 de junio del 2004, seis días después de su último robo con violencia, y con la ayuda de las fuerzas que integran el Sistema Único de Protección y Vigilancia (SUPV), y la cooperación del pueblo, se ubicó al delincuente en el Reparto San Pedro, municipio de Cotorro. Un rápido operativo policial lo detuvo en el lugar ocupándosele en el registro parte de lo sustraído, y otros artículos en poder de receptores. Todos fueron devueltos a sus propietarios.

Las víctimas lo identificaron como el autor y mediante las pruebas se comprobó la participación en los robos.

Finalmente, en el 2005 fue celebrado el juicio en el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana. La sanción impuesta fue de 20 años de privación de libertad por los siete robos con violencia en viviendas habitadas, amenazas y otras acciones contra las víctimas. Se le suma otra sanción: un año por evasión de establecimiento penitenciario, y, cumplir los ocho años pendientes de la anterior sanción. En fin, 29 años de prisión.

La labor conjunta de los distintos órganos del Ministerio del Interior, junto a las fuerzas del SUPV y el apoyo del pueblo, permitieron que a seis días de cometer Pupi su último robo, fuera ubicado y detenido, poniendo fin a sus fechorías.

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