La revisión del 9,09 por ciento de las casillas electorales, que se inició el miércoles último y cuyos resultados se esperan hoy, descubrió numerosas irregularidades, entre ellas la apertura ilegal de paquetes, más o menos sufragios que votantes y actas del escrutinio alteradas.

En el recuento de 11 mil 839 casillas, del total instalado en las elecciones presidenciales del 2 de julio, jueces y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), detectaron una diferencia favorable de 420 mil votos entre López Obrador y el oficialista Felipe Calderón, según informes preliminares.

Para los representantes de Por el bien de todos, esos datos son más que suficientes para que el Tribunal anule las casillas donde se detectaron los errores, pues no son inconsistencias aritméticas sino señales de fraude electoral para favorecer a Calderón.

Luego del recuento de los votos, a diferencia de lo que aseguran los panistas, se ratificó que en el 81 por ciento de las casillas hubo modificaciones respecto a los resultados dados a conocer por el Instituto Federal Electoral, el pasado 6 de julio, afirmaron.

Según las estadísticas divulgadas por la coalición, Calderón perdió 13 mil 679 votos que se le habían acreditado de manera ilegal, prueba contundente —aseguraron— para abrir y recontar la totalidad de los sufragios.

Ante esas anomalías la alianza exhorta al TEPJF a la nulidad de las casillas con errores, corregir su decisión frente a este escenario y a comportarse como un verdadero tribunal de justicia para tener certeza de unos comicios legales y de quién los ganó.

La dirigencia del PAN, por su parte, mantiene que la revisión ratificó el triunfo de Calderón pues la diferencia encontrada es de apenas mil 500 votos entre ambos contrincantes, en tanto acusó a López Obrador de pretender violar el orden constitucional para erigirse como Presidente.

En la jornada de ayer en los estrados del Tribunal se inició la recepción de las actas levantadas en todo el país, las que pasarán ahora a los magistrados instructores encargados de los juicios de impugnación, promovidos por la coalición Por el bien de todos.

Luego de esa fase con la información recibida se elaborará una resolución que será entregada a la Sala Superior para que brinde una calificación de la elección, proceso que debe concluir el 31 de agosto, para declarar al presidente electo el 6 de septiembre.