El proyecto gubernamental pretende
modificar reglas que la Corte halló improcedentes, pero rechaza una
recomendación del órgano de justicia para concordar a los jurados
especiales de Bush con la ley marcial norteamericana.
De acuerdo con el Tribunal Supremo,
el mandatario republicano violó leyes estadounidenses e
internacionales y excedió sus poderes ejecutivos cuando creó
tribunales específicos para juzgar a los acusados de terrorismo por
Washington.
Sin embargo, Bush asegura que el
Congreso le otorgó una autoridad legal especial luego de los
ataques terroristas contra Nueva York y Washington en septiembre de
2001, reseñaron medios noticiosos.
Decidimos defender a las comisiones
fundadas por la Casa Blanca, pese a que según los máximos
magistrados norteamericanos no son compatibles con el Código de
Justicia Militar, señaló Alberto Gonzáles, fiscal general de
Estados Unidos.
Presentaremos algunas ideas al
Congreso con el propósito de mantener el ejercicio de los
tribunales antiterroristas, agregó el Secretario de Justicia.
La decisión de la Corte Suprema de
censurar los tribunales militares impuestos por el presidente Bush
es una victoria de la ley que pretende pisotear el Ejecutivo,
destacó recientemente el The Washington Times.
Un editorial del diario señaló que
el fallo del máximo tribunal, más que un dictamen circunstancial,
es un mensaje a las autoridades que intentan juzgar a los detenidos
en la cárcel de Guantánamo, instalada ilegalmente en el oriente de
Cuba.
Se trata de una reafirmación
importante y bienvenida. Incluso en tiempos de guerra, la Casa
Blanca debe respetar a la Constitución y la Convención de Ginebra,
apunta el texto.
El Presidente, agrega The Washington
Times, debe recordar que la legislación nacional estipula lo que se
debe hacer, y la Oficina Oval no puede regir a su antojo y contra de
las normas federales.
Desde hace cinco años del gobierno
estadounidense mantiene a los encarcelados en Guantánamo en un
total desamparo judicial, con el argumento de que son terroristas y
no merecen un juicio justo ni la presunción de inocencia.