El magistrado del distrito de Old Balley, Justice Alkens, dictaminó que deberá transcurrir a puertas cerradas el proceso contra David Keogh, ex miembro del gabinete, y Leo O'Connor, un ex investigador del legislador laborista Anthony Clarke.

La decisión atañe, además, a la discusión de todo lo relacionado con las conversaciones sostenidas por el presidente estadounidense, George W. Bush, y el primer ministro británico, Tony Blair, en abril de 2004.

Durante esa plática, Bush habría confesado que deseaba bombardear la sede del canal de televisión qatarí Al Jazeera, el cual mostraba escenas de la matanza de unos mil civiles perpetrada por tropas estadounidenses en la localidad iraquí de Falluja.

El encuentro de ambos estadistas ocurrió cuando tanto funcionarios del ejecutivo del Reino Unido como altos oficiales de este país expresaron su consternación por la escalada bélica norteamericana en ese poblado iraquí.

Las imágenes de la masacre de civiles, realizada por las tropas de ocupación bajo el pretexto de acabar con la resistencia iraquí, enfurecieron a los generales estadounidenses, recuerda The Guardian.

Un segundo documento confidencial, filtrado en mayo de 2004 a la prensa, al parecer por uno de los acusados, se refería a las preocupaciones de Londres por las tácticas violentas utilizadas en las ofensivas de Falluja y Najaf, otra localidad iraquí.

Los abogados de los implicados, que serán juzgados el próximo 9 de octubre, consideraron que el veredicto del referido magistrado era, al menos, embarazoso, mientras varios medios de prensa planean desafiarlo.

Una investigación efectuada en 2004, a raíz de la muerte de David Kelly, un consejero del Ministerio de Defensa, demostró que Blair manipuló la información sobre el país árabe para justificar la invasión anglo-estadounidense de marzo de 2003.

Kelly consideró exagerado el argumento presentado por el jefe de Gobierno británico ante el Parlamento, en septiembre de 2002, sobre la supuesta posibilidad de Bagdad de emplear armas de destrucción masiva en 45 minutos.

Sin embargo, al concluir esa pesquisa, el Primer Ministro y su gabinete quedaron exentos de acusación alguna, mientras que funcionarios de la cadena de radio y televisión BBC fueron criticados y sancionados por publicar las declaraciones de Kelly.

La investigación de un juez independiente británico debía aclarar en esa ocasión las circunstancias en torno al suicidio del también ex experto en desarme de la ONU, tras ser señalado por el Gobierno como la fuente de las denuncias de la BBC.