Las palabras de condena ocurrieron luego de que en una audiencia pública, el fiscal general, Alberto González, reveló que Bush ordenó el cese inmediato de la comprometedora investigación para su gobierno, bajo el argumento de que el plan tiene carácter secreto.

El senador demócrata Russell Feingold, uno de los mayores críticos del programa de fisgoneo de las comunicaciones, dijo estar convencido de que el Tribunal Supremo lo hallaría inconstitucional.

Feingold argumentó que los jueces dejaron claro que cuando el Congreso aprueba una ley, el presidente del país debe acatarla.

Una ley nacional de vigilancia de 1978 establece que los servicios de inteligencia deben solicitar permiso a una corte, antes de monitorear comunicaciones de civiles estadounidenses en territorio norteamericano.

La fiscalía esclareció que la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de Justicia abrió una investigación sobre el consejo legal dado por los abogados de ese departamento a la Casa Blanca, relacionado con el espionaje de llamadas y correos.

A inicios de este año, sin embargo, la OPR anunció la decisión de interrumpir la pesquisa porque se le prohibió examinar secretos de seguridad nacional.

El escándalo sobre el plan espía de Bush estalló a finales del año anterior cuando el diario The New York Times denunció la existencia de esas acciones ilegales.

A raíz de esas revelaciones, la Casa Blanca admitió que desde 2002 autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional a intervenir sin permiso legal las comunicaciones de personas en Estados Unidos, para detectar grupos y redes terroristas.

La administración Bush viola de forma constante y arbitraria las leyes estadounidenses, hecho que confirman las recientes acusaciones contra Washington por vigilar mediante agencias de inteligencia las cuentas bancarias de extranjeros y nacionales en Estados Unidos.