BRUSELAS, 27 de junio (PL).— La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se abstuvo hoy de condenar las prácticas antiterroristas del gobierno norteamericano, a pesar de las evidencias sobre la colusión de 14 gobiernos de la región con esas actividades ilícitas.

Tras debatir el informe que le presentó el relator del caso, el suizo Dick Marty, la organización defensora de los derechos humanos votó una resolución que sólo exhorta a Estados Unidos a desmantelar su sistema de detención secreta y de transferencia ilegal de detenidos.

Como telaraña mundial calificó Marty esa estructura creada por la norteamericana Agencia Central de Inteligencia (CIA) para el secuestro y traslado de personas presuntamente terroristas a cárceles secretas, algunas de las cuales, según el informe, se encontraban en Polonia y Rumania.

Esa estructura ha violado las leyes internacionales y las convenciones sobre derechos humanos, sostiene el senador liberal-radical suizo en su trabajo, que le fuera encargado hace siete meses por el Consejo y que presentara en París el pasado 14 de junio.

La recomendación adoptada por la Asamblea propone a su vez la creación de una jurisdicción internacional competente para juzgar a los acusados de terrorismo o, en su lugar, encargar de ello a la Corte Penal Internacional.

A esta instancia judicial creada hace dos años por Naciones Unidas no están adscriptos Estados Unidos ni varios de los 46 países miembros del Consejo de Europa.

En el debate previo a la aprobación de la resolución y de la recomendación, Marty aseguró que su informe se basa en hechos demostrados por numerosos testimonios.

No obstante, el comisario europeo de Justicia y Orden Interior, Franco Frattini, pidió realizar nuevas y más exhaustivas investigaciones acerca de lo que calificó presuntos vuelos secretos y cárceles clandestinas de la CIA.

Frattini abogó también por un mayor escrutinio parlamentario de los servicios de inteligencia europeos para evitar su colaboración en tales hechos.

Marty sostiene en su informe que está demostrada la entrega a la CIA y el transporte de sospechosos de terrorismo por agentes de algunos servicios de inteligencia europeos.

Sin embargo, el eurocomisario estimó prematuro considerar posibles sanciones contra los gobiernos violatorios de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Según las evidencias aportadas por el senador suizo, Polonia y Rumania tuvieron centros de detención ilegales, en tanto Suecia, Gran Bretaña, Bosnia Herzegovina, Italia, Macedonia, Alemania y Turquía violaron los derechos de la persona durante traslados ilegales.

Polonia, Rumania, España, Chipre, Irlanda, Portugal y Grecia son responsabilizados a su vez de colusión, activa o pasiva, en materia de detenciones secretas y de traslados interestatales ilegales.