WASHINGTON, 7 de junio (PL). — La defensa del terrorista internacional Luis Posada Carriles valora hoy otra maniobra para la liberación del criminal, esta vez amparada en los testimonios de políticos y ex militares estadounidenses.

"Estamos tratando de establecer que Luis Posada siempre fue un instrumento empleado y pagado por el gobierno de este país (Estados Unidos), que ahora, por conveniencias políticas, pretende calificar de terroristas a las mismas actividades que antes promovió", alegó el abogado Eduardo Soto.

De acuerdo con la edición en español del diario The Miami Herald, Soto pretende recurrir al senador y ex candidato presidencial John Kerry y al coronel Oliver North, figura central del escándalo Irán-Contras.

Según el abogado, Kerry, North y "otros más" podrían ser llamados como testigos, para demostrar que su cliente actuó durante años bajo la conducción y el respaldo del gobierno estadounidense.

Uno de los pasajes que se propone resaltar la defensa es la participación de Posada Carriles en acciones contra la Revolución Sandinista, en particular su vinculación al Irán-Contras, culebrón destapado durante el gobierno de Ronald Reagan.

El escándalo estalló al trascender que Estados Unidos financiaba los grupos contrarrevolucionarios nicaragüenses con dinero proveniente de la venta de armas a Irán.

La operación era ejecutada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dirigida por Oliver North, entonces miembro del Consejo de Seguridad Nacional.

En opinión de Soto, el senador Kerry fue "una pieza clave en la investigación del caso Irán-Contras'", y posee conocimiento suficiente de los informes y testimonios que registran la participación de Posada, ex agente CIA, en esos hechos.

Con el pseudónimo de Ramón Medina, el criminal se hallaba en la base de Ilopango, en El Salvador, cuando estalló el escándalo en 1986, tras el derribo en Nicaragua de un avión estadounidense, piloteado por Eugene Hassenfus.

Kerry intervino desde entonces en las investigaciones sobre las implicaciones del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) en el abastecimiento bélico a la contra nicaragüense utilizando las ganancias de las ventas de armas a Irán.

En el juicio contra Posada Carriles, previsto para el próximo 6 de julio en un tribunal federal en El Paso, Texas, el tribunal evaluará la petición de habeas corpus para el terrorista, presentada a inicios de abril último.

Soto aspira a que las autoridades liberen el criminal y le otorguen la ciudadanía estadounidense en pago a sus servicios al Ejército norteamericano de 1963 a 1965 durante la guerra de Viet Nam y, años después, como agente pagado en operaciones en Centroamérica.

El delincuente internacional se encuentra en un centro de detención en Texas, donde fue recluido en mayo de 2005 tras aparecer en público en Miami y quedar en evidencia su entrada ilegal a Estados Unidos.

Hasta ahora sólo ha sido encausado por ese delito migratorio, pese a la solicitud de extradición presentada por Venezuela, cuya justicia lo demanda por su responsabilidad en el atentado contra un avión cubano en 1976, acción en la que perecieron 73 personas.

Sus antecedentes criminales también incluyen la planificación de una serie de atentados con bombas en 1997 contra instalaciones turísticas de La Habana, en una de las cuales murió el joven italiano Fabio di Celmo.

Posada Carriles entró ilegalmente en Estados Unidos luego de ser indultado en 2004 por la entonces presidenta panameña Mireya Moscoso, antes de dejar el cargo.