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Los dilemas del Poder Popular El diputado Ernesto Suárez, secretario del Parlamento, acepta conversar sobre el tema con el diario Granma MARÍA JULIA MAYORAL
"La Revolución, ha dicho el Partido, necesita ciudadanos que ejerzan libre y conscientemente sus responsabilidades y sean capaces de practicar cabalmente sus deberes y derechos."2
Al establecerse el Poder Popular como forma del Estado cubano, quedó estructurado el andamiaje institucional para propiciar y garantizar la participación cada vez más amplia de los trabajadores, y progresivamente de toda la sociedad, en las tareas de dirección social y económica, en el ejercicio del Gobierno. Han transcurrido casi tres décadas de aquel momento, pero todavía hoy no hay comprensión clara del Poder Popular, y su funcionamiento encuentra no pocos obstáculos, sobre todo en los espacios locales. Entender al Poder Popular como sistema significa distinguir que no solo está compuesto por los órganos representativos (las Asambleas,3 cuyos integrantes son elegidos por el pueblo), y que en el caso de las Provinciales y Municipales deben a su vez ejercer Gobierno. El Poder Popular incluye entre sus componentes al Consejo de Ministros (órgano de Gobierno de la nación),4 a los órganos de administración locales (Consejos de la Administración Provinciales y Municipales), las instituciones judiciales y fiscales y a los institutos armados del país (FAR y MININT). Recientes indicaciones emitidas por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón5 sobre la labor de control y fiscalización a realizar por los órganos locales, y las funciones y tareas de los delegados, evidencian la necesidad de enfrentar múltiples debilidades, insuficiencias y distorsiones en la actuación del Poder Popular, sobre todo en el ámbito de los municipios. El diputado Ernesto Suárez, secretario del Parlamento, accede a conversar con Granma acerca de esos polémicos asuntos. ¿Qué valor tiene el municipio para el desempeño del Poder Popular? En el ámbito de los municipios es donde transcurre el vínculo más directo entre el pueblo y el Gobierno. El municipio, en tanto sociedad local, constituye un escenario clave; allí es donde la gente hace su vida y espera encontrar respuestas a sus necesidades y aspiraciones económicas, materiales, espirituales. No sin razón en 1976 fueron eliminadas las regiones y se redujo la cantidad de municipios. El objetivo era suprimir una estructura que obstaculizaba tanto el vínculo con la población como la propia participación ciudadana, y fortalecer las estructuras de dirección para que pudieran actuar con inmediatez y eficacia en la solución de los problemas del territorio. Siempre la concepción fue llevar al municipio las instancias estatales y administrativas que más inciden sobre la población: comercio, gastronomía, educación, salud, servicios personales y técnicos, acueducto y alcantarillado, transporte... Tener esas direcciones, allí en la base, debía agilizar los procesos de toma de decisión y la solución de múltiples dificultades, sin necesidad de acudir a los niveles superiores. Pero esto no solo debía lograrse con la nueva división político-administrativa, hacía falta establecer nuevos órganos que, electos por el pueblo, fueran capaces de desempeñarse dentro de su territorio como los órganos superiores locales del poder del Estado, investidos de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en su respectiva demarcación, para lo cual también estuvieran en condiciones de ejercer Gobierno dentro del marco de su competencia y ajustándose a la ley. Así surgieron en 1976 las 169 Asambleas Municipales, como resultado de las elecciones celebradas ese año. En 1992 se dio otro paso importante para el perfeccionamiento del sistema del Poder Popular con la eliminación de los comités ejecutivos de las Asambleas Municipales y Provinciales. Esas estructuras de dirección al tener que conformarse solamente con delegados de las respectivas Asambleas, estaban imposibilitadas de incorporar a otras personas con más preparación específica para el cargo, y resultaban inestables en su funcionamiento por la lógica renovación de los delegados cada dos años y medio como fruto de los comicios. Además, los comités con frecuencia asumían tareas y decisiones que solo competen a las Asambleas y con carácter muy administrativo. Estas insuficiencias trataron de resolverse con la creación de los Consejos de la Administración, a los cuales corresponde, por mandato de su correspondiente Asamblea, dirigir las entidades económicas, de producción y de servicios de subordinación local, con el propósito de satisfacer las necesidades económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas y recreativas de la colectividad del territorio que comprende su jurisdicción. Ernesto, sin embargo, la vida está indicando que en los últimos años, más allá de las carencias materiales, los municipios han visto reducidas sus posibilidades de actuación debido a cambios ocurridos en la organización de entidades encargadas de prestar servicios básicos al pueblo. Y por otra parte, las propias indicaciones emitidas por Alarcón reconocen que hay "débil atención y no solución de problemas planteados reiteradamente por la población" a los delegados en las reuniones de rendición de cuenta, y al mismo tiempo que existen "dirigentes administrativos que no se sienten responsables de responder por los problemas y actúan como si esa responsabilidad fuera del Consejo Popular o del delegado". No todos los territorios presentan similar situación, pero hay una tendencia común: determinadas entidades administrativas eliminaron su estructura municipal, debido a la reducción de sus niveles de actividad en el periodo especial. Ello puede resultar racional desde el punto de vista organizativo y para asegurar el control más adecuado de recursos escasos; pero, en la práctica, las direcciones de las Asambleas Municipales y los delegados, en particular, tienen ahora que ventilar fuera de su territorio los problemas con esas dependencias porque ellas pasaron a ser provinciales o unificaron la atención a varios territorios desde un solo lugar. Lo anterior dificulta la labor del delegado, pues debe consumir más tiempo para muchas gestiones, y él no es profesional en el cargo. Además, perjudica los trámites que directamente realiza la población. El asunto también es complicado para los municipios con grandes extensiones territoriales o densidad poblacional. En el primero de los casos, porque pueden tener localidades alejadas de la cabecera que merecerían la presencia directa de distintas estructuras administrativas, y carecen de ellas. En el segundo de los supuestos, porque las dependencias encargadas de prestar el servicio a la población resultan insuficientes para dar respuesta a la cantidad de personas que acuden a sus oficinas. Al final lo que ocurre es que tanto por la vía de la dirección de las Asambleas como del Consejo de la Administración, y a veces hasta por parte de direcciones administrativas cometen el error de encargan tareas a los delegados y a los Consejos Populares ajenas por completo a sus funciones, pues hay confianza en su liderazgo y son ellos los que están allí en la base, en contacto directo con la gente. No estoy diciendo que todas y cada una de las actividades productivas y de servicios, vinculadas estrechamente con la vida de la población, deban contar con estructuras en los municipios y en localidades dentro de estos, pero sí que están obligadas a que los cambios en su organización y funcionamiento no debiliten la vida del municipio y la gestión de los delegados. Si vemos al Poder Popular como un sistema, se impone un estudio más a fondo de la estructura administrativa para hacerla más cercana a la población. En los municipios de Santiago de Cuba y Camagüey desde hace años funcionan de manera experimental los distritos, y cuando uno les pregunta a los Presidentes del Poder Popular de esos territorios si sería conveniente eliminar los distritos, te dicen rotundamente que no, pues haría ingobernable la demarcación. En Ciudad de La Habana sería conveniente buscar otro ordenamiento, por la cantidad de población y las complejidades propias de una gran urbe. Pero, podría pensarse que incrementar estructuras intermedias en la administración municipal sería introducir otro problema más si ello no está asociado al otorgamiento de atribuciones y medios para cumplir las funciones. ¿No siente temor por la burocracia? Las experiencias de Camagüey y Santiago de Cuba resultan válidas y también de ellas pueden extraerse elementos de juicio acerca de las posibles fallas. No obstante, tengo que reconocer que en el sistema del Poder Popular no hemos resuelto el problema de la burocracia. A veces los ciudadanos se agotan buscando respuestas convincentes en las dependencias administrativas, lo cual recarga a las Asambleas, a los Consejos Populares y a los delegados, pues la gente acude a ellos en busca de ayuda, de orientación. Incluso podría afirmar que la burocracia incentiva a que algunas personas busquen caminos inapropiados para resolver sus necesidades, pues donde deben recibir el servicio resultan víctimas del "peloteo" y de respuestas superficiales. Hay una comisión nacional que desde hace varios años está encargada por el Gobierno y la Asamblea Nacional de estudiar la situación de los trámites de la población. Gracias a ello, algunas diligencias han sido eliminadas y otras simplificadas, pero todavía los ciudadanos en muchos lugares tienen que sufrir una verdadera odisea para resolver su situación o encontrar respuestas adecuadas a por qué es imposible. Retomemos el otro "peloteo". En la Constitución y en las legislaciones correspondientes se refrenda que las Asambleas, en este caso las municipales, son en su demarcación el órgano superior local del poder del Estado, y en consecuencia están investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en su territorio y dentro de ello, ejercen Gobierno en el marco de su competencia y ajustándose a la ley. Si esto es así, ¿por qué puede haber direcciones administrativas que no atienden adecuadamente a los delegados y a los planteamientos de la población? ¿Por qué, incluso, hay delegados que se quejan de la falta de atención por parte de la dirección de su Asamblea? Nada justifica esos hechos, están motivados por múltiples factores y su solución a escala nacional es responsabilidad de la Asamblea Nacional y del Consejo de Ministros, como nos ha estado exigiendo el Partido. No basta con reconocer legalmente las funciones y competencias de los órganos locales del Poder Popular. Debemos estudiar, por ejemplo, qué adecuaciones serían necesarias para que realmente las Asambleas Provinciales y Municipales estén en condiciones de ejercer Gobierno en sus respectivas jurisdicciones, y de actuar como autoridad estatal, pues hoy decisiones que solo competen a esos órganos son asumidas por los Consejos de la Administración. Por ese camino merecen revisarse las atribuciones de las Asambleas y analizar si les estamos pidiendo que realicen tareas para las cuales no están aptas por su composición, la instrucción de sus integrantes para el ejercicio del cargo y el tiempo de duración del mandato. Es preciso también aumentar la preparación integral de quienes resultan electos. En cada territorio han incrementado la calidad de los seminarios y la Comisión de Órganos Locales de la Asamblea Nacional ha trabajado intensamente durante las últimas legislaturas para apoyar ese propósito. Sin embargo, percibimos que, pese a recibir los conocimientos, hay delegados que después no tienen habilidades para llevarlos a la práctica. Ello obliga a pensar en cómo mejorar el dominio por parte de la población acerca de las funciones del delegado de circunscripción y del Poder Popular en conjunto, pues en manos del pueblo está la postulación de los candidatos y la elección de sus representantes; es decir, la calidad de las Asambleas. En ocasiones, delegados de base me han dicho: tal Director municipal no nos atiende bien, o el Presidente de mi Asamblea no tiene tiempo para despachar con nosotros y recorrer las circunscripciones. Yo siempre les respondo: la responsabilidad es de ustedes, ¿por qué no discuten el asunto en sus sesiones de la Asamblea?, ¿por qué no los llaman a contar y exigen su sustitución de ser necesario? ¿Qué se los impide, si legalmente tienen el poder para eso? Necesitamos delegados serios, responsables, disciplinados, capaces de mantener la unidad; pero eso no significa acatamiento de decisiones y puntos de vista incorrectos. La Revolución se hace dando la pelea cotidiana en el lugar, momento y forma oportunos. No puede obviarse tampoco la inmensa carga de trabajo que significa para cualquier Presidente municipal dirigir una Asamblea y por esa responsabilidad dirigir al mismo tiempo el Consejo de la Administración. Sabemos que debido a las dificultades materiales del periodo especial, el cumplimiento de las tareas de dirección administrativa demanda mucha consagración, y más cuando se trata de personas conscientes de su responsabilidad con el pueblo, de la necesidad de buscar soluciones, pero ello no puede llevar a los Presidentes municipales a desatender a los demás delegados. Mientras mejor funcione la Asamblea y sus comisiones de trabajo en las tareas de control y fiscalización, más posibilidades tendrá ese órgano de ejercer sus funciones, de buscar el bienestar de la población con los medios y recursos existentes. ¿Qué debemos esperar de los delegados y los Consejos Populares? De los primeros, la misma consagración de costumbre, su vocación de servicio al pueblo, el desarrollo de capacidades para explicar a sus electores las políticas del Estado y al mismo tiempo ser portadores ante las instituciones correspondientes de los reclamos de la población; pero sobre todo, que comprendan la participación popular en su sentido más amplio: no es solo movilizar a los demás para resolver determinadas cuestiones materiales, significa nutrir la gestión estatal y de Gobierno con las ideas de la gente, hacer a los ciudadanos partícipes de los procesos de toma de decisiones. De los segundos, necesitamos que retomen y consoliden las tareas para las cuales fueron creados. En palabras del Comandante en Jefe: "No queremos una instancia administrativa, queremos allí una autoridad política y popular, que sepa todo lo que pase en la peluquería, en la bodega, en todas partes, en todos los servicios", porque deben controlar y fiscalizar, y sumar a la gente a esa batalla. 1 Ver lo expuesto sobre el tema por investigadores como Jesús García Brigos en Gobernabilidad y Democracia. Los órganos del Poder Popular en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1998, y Haroldo Dilla en Participación popular y desarrollo en los municipios cubanos, Centro de Estudios sobre América, La Habana, 1993. 2 Así lo expresa el documento El Partido de la unidad, la democracia y los derechos humanos que defendemos, aprobado por el V Congreso de la organización. 3 En el caso de la Asamblea Nacional, sus diputados eligen de entre ellos a los integrantes del Consejo de Estado, que es el órgano de la Asamblea que la representa entre uno y otro periodo de sesiones, ejecuta los acuerdos de esta y cumple las demás funciones que la Constitución le atribuye. Dicho Consejo tiene carácter colegiado, a los fines nacionales e internacionales ostenta la suprema representación del Estado cubano, y le rinde cuenta de todas sus actividades a la Asamblea. 4 El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo, y constituye el Gobierno de la República. Es responsable y rinde cuenta, periódicamente, de todas sus actividades ante la Asamblea Nacional. Dispone de un Comité Ejecutivo, el cual puede decidir sobre las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros, durante los periodos que median entre una y otra de sus reuniones. 5 Un resumen de esas indicaciones fue publicado por Granma en su edición del 8 de mayo del 2006, p. 3. |
En
Cuba no se busca dirigir con el apoyo de las masas, bajo determinada
legitimación ideológica; la aspiración es que el pueblo se
gobierne a sí mismo, y cada vez de mejor manera.1
Sin
embargo, el reconocimiento de esos principios no abre sendas
expeditas a su realización. Aplicarlos resulta un proceso complejo,
contradictorio, de construcción colectiva, que de manera
sistemática demanda rectificar errores y desviaciones, y encontrar
nuevos caminos necesariamente autóctonos, desde el ámbito nacional
hasta el local.
