MANILA, 24 de mayo (PL). — La Unión de Periodistas de Filipinas (NUJP) rechazó hoy los planes del gobierno de permitir que los periodistas porten armas para defenderse de la violencia desatada en el país contra los profesionales de la prensa.

No necesitamos y no queremos armas ni guardaespaldas, señaló el portavoz de la NUJP, José Torres, quien recalcó que la mejor forma de terminar con los asesinatos es arrestar, procesar y condenar a los asesinos y a sus jefes de manera implacable.

Torres consideró irónico que sea el ministro de Justicia filipino, Raúl González, el que proponga las pistolas como solución cuando debería defender la ley y el orden por encima de todo.

La víspera, González comunicó que autorizará a los periodistas a portar armas para defenderse de la creciente ola de asesinatos desatada en el archipiélago contra los profesionales de la prensa.

El anuncio se hizo un día después de que otro reportero falleciera en la localidad de Puerto Princesa, en la isla de Palawan, mientras se dirigía a su trabajo.

Fernando Batul, de la emisora radial DYPR, perdió la vida cuando hombres armados que se trasladaban en una motocicleta le dispararon varias veces. Con este hecho, asciende a cinco el número de periodistas muertos en lo que va de año.

Incidentes como estos son frecuentes en Filipinas, calificado por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y otras organizaciones, como el segundo país más peligroso del mundo para los profesionales de la prensa después de Iraq.

El archipiélago ostenta esa condición por segundo año consecutivo.

La FIP instó a Manila a adoptar "acciones decisivas" para castigar a los responsables y proteger a los trabajadores de los medios de comunicación.

El presidente de la entidad, Christopher Warren, preguntó que cuántos periodistas más deben fallecer para que la presidenta Gloria Macapagal detenga esos asesinatos.

La cultura de impunidad que se ha permitido pone la responsabilidad de los asesinatos en Macapagal y su Administración, subrayó Warren.

Estos incidentes, recalcó, son un intento de amordazar a la prensa independiente, constituyen un ataque contra los fundamentos de una sociedad libre y son totalmente inaceptables.

Al menos 42 periodistas, la mayoría destacados por denunciar la corrupción en el ámbito político, perdieron la vida desde que Macapagal asumió el poder en enero de 2001.