WASHINGTON, 20 de mayo (PL).
— El presidente George W. Bush negó hoy que los indocumentados
que viven en Estados Unidos vayan a recibir de manera automática la
ciudadanía norteamericana, e insistió en su plan de reforzar la
seguridad fronteriza.
En su mensaje radial sabatino,
dirigido a toda luz a los congresistas republicanos más
conservadores, recordó que él se opone a una amnistía para los
millones de personas que residen ilegalmente en el país.
Según Bush, los indocumentados —entre
10 millones y 12 millones— tendrán que asumir "una cultura
común" para poder optar por la ciudadanía norteamericana.
El discurso evidencia las intenciones
del mandatario de conciliar las diferencias con algunos de sus
copartidarios de derecha, quienes objetan, en parte, el plan
anunciado por él esta semana para hacer frente a la compleja
problemática migratoria del país.
En uno de los puntos de la
iniciativa, presentada el lunes, Bush instó al Congreso a buscar un
punto medio que permita a una parte de los inmigrantes optar por la
residencia legal si cumple con algunos requisitos.
Aclaró que para ello tendrían que
encarar una penalidad significativa por haber quebrado la
legislación, pagar sus impuestos, aprender inglés y "esperar
en fila detrás de aquellos que jugaron de acuerdo con las reglas y
siguieron las leyes".
Su propuesta
dejó un mal sabor en el ala derecha republicana del Congreso, que
aboga por reforzar el control en la frontera y la aplicación de
medidas que criminalicen la inmigración.
A tono con estos deseos, el plan Bush
contempla también el envío de hasta seis mil soldados de la
Guardia Nacional a la frontera con México, para custodiar la franja
limítrofe, realizar labores de inteligencia y construir barricadas,
entre otras actividades.
El despliegue será hasta 2008, año
en que se pronostica que la Patrulla Fronteriza cuente con 18 mil
agentes para vigilar la línea divisoria —de tres mil 200
kilómetros— entre los dos países.
Desde que Bush llegó a la Casa
Blanca en enero de 2001, la cifra de policías de frontera pasó de
nueve mil a 12 mil, número que la bancada republicana del Congreso
y la Casa Blanca consideran insuficiente para frenar el flujo
migratorio ilegal.
Este sábado manifestantes convocados
por la Coalición de Inmigración de Nueva York marcharán por
calles de la ciudad para exigir una reforma migratoria integral,
favorable a los indocumentados.
Con la demostración, se enviará un
mensaje al presidente Bush sobre la necesidad de aprobar una ley
humana, comprensible y que se ajuste a la realidad, afirma un
comunicado de la agrupación.
Norman Eng, vocero de la coalición,
dijo que los participantes dejarán claro que no aceptarán un plan
que "descalifique a los inmigrantes, que separe a las familias
y que deje a los trabajadores a expensas de los explotadores y
abusadores".