El asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Manuel Morales, subrayó que el decreto de nacionalización firmado ayer por el presidente Evo Morales es soberano, no se discute ni se negocia.

Al mismo tiempo confirmó la decisión de expropiar acciones de cinco empresas del rubro privatizadas en la última década, para tener el 51 por ciento de la propiedad y manejarlas, y elevar la participación del Estado en la producción de las restantes.

Desestimó así presiones de gobiernos de países sede de transnacionales afectadas, en favor de una negociación, cuando comenzó a correr el plazo de 180 días para que las empresas firmen nuevos contratos acordes con el decreto o dejen el país.

Las que no acepten tendrán que irse, apuntó el vicepresidente de la República, Alvaro García, en una explicación de la medida que sacudió al país al desatar expresiones de vibrante patriotismo.

Ante una pregunta sobre qué pasará si se retiran, García señaló que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene firmado acuerdos y planes de negociaciones con otras empresas extranjeras para que operen en Bolivia en los nuevos términos. Hay negociaciones con compañías de Estados Unidos, Europa y con Petróleos de Venezuela, y lo importante es que en adelante las transnacionales serán empresas de servicios que trabajarán para el Estado con una utilidad conveniente y razonable.

Ese margen de rentabilidad será de siete por ciento, normal dentro de los parámetros internacionales, precisó Manuel Morales, quien dijo que las transnacionales que operan en Bolivia trabajarán en adelante para el Estado, a cambio de esa ganancia.