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Para aproximar el surco a la tarima (Final) COLECTIVO DE
REDACCIÓNNACIONAL DE GRANMA Desde el mes de febrero hemos estado tratando varios asuntos de la producción y comercialización agrícolas, cuyo ciclo inicial de reflexiones concluimos hoy.
No pocos criterios nos han hecho llegar expertos en la materia, y hay que decir que todas las opiniones coinciden en señalar que entre los nudos gordianos para aproximar el surco a la tarima, además de los impagos a los productores, están el funcionamiento de Acopio y la necesidad de revisar quién se hace cargo de la comercialización. Si se fuera a realizar una encuesta y decidiéramos preguntar: ¿Qué usted le exigiría en primer lugar al Ministerio de la Agricultura?, de seguro que el entrevistado responderá: Que produzca muchos alimentos a menor precio. Si la segunda interrogante de ese sondeo fuera: ¿Cuál es la función esencial de las Direcciones de Comercio? Que comercien con eficiencia, buen trato y protejan al consumidor, contestaría de inmediato. Sembrar, cosechar, acopiar, comercializar y administrar los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE) son una complejidad de tareas para el Ministerio de la Agricultura que no le permite concentrarse en su misión principal, lo cual es aumentar la producción de alimentos con menor costo, tarea bastante difícil, además, cuando son mínimos los recursos y abundan los problemas climáticos. En todas estas semanas de intercambio de opiniones, una de las preguntas ha sido por qué la responsabilidad de administrar los centros de venta de productos agropecuarios no es subordinada a entidades de las Direcciones de Comercio del Poder Popular, que responden al Gobierno local y su estructura está directamente vinculada a la población. Aunque, aclaran, debiera hacerse con métodos de trabajo diferentes a los que se aplican actualmente en los llamados Mercados de Oferta y Demanda. Se parte del fundamento de que las administraciones de los mercados agropecuarios, donde confluirían todos los productores o sus representantes, deberían actuar con independencia, como verdaderas contrapartidas de los concurrentes y como defensores de los consumidores. La responsabilidad de controlar los centros de venta de productos agropecuarios no requeriría de mucho personal administrativo para minimizar los gastos de la comercialización. PARA ABAJO Y NO PARA ARRIBA Otra recomendación importante que señalan los encuestados es que actualmente existen condiciones para que todos los productos agropecuarios estén sujetos al sistema de precios topados aprobados mensualmente por los Consejos de Administración Territorial del Poder Popular y que solamente se excluyan de precios limitados, aquellos alimentos no básicos en el consumo de la población y cuyas cosechas sean en menor escala. De igual manera, que en el sistema de precios topados debieran incluirse las ventas de hortalizas y condimentos frescos que se realizan en los organopónicos y huertos intensivos de la Agricultura Urbana y en puntos de venta de Comercio. Para evitar revendedores y no favorecer la especulación, las cantidades de venta de los productos agropecuarios a precios topados deberían ser reguladas por consumidor. Coincidencias en las opiniones ofrecidas a Granma apuntan a la necesidad de que se examinen, además, los principios en los que se basan los Consejos de la Administración Territorial del Poder Popular para aprobar los precios máximos de los productos agropecuarios. La práctica hasta ahora revela que no se tienen en cuenta las fichas de costos ramales para cada tipo de producción, ni los niveles salariales de la población de cada provincia o municipio, elementos que son determinantes a la hora de fijar un precio tope. Y lo cierto es que todo el mundo a la hora de topar el precio, como regla, se va para la escala máxima. CONSUMO SOCIAL Y REDISTRIBUCION TERRITORIAL Varios experimentados agricultores concordaron en la apreciación de que las Direcciones de Comercio podrían encargarse territorialmente de orientar a los productores cuáles son los destinos de sus cosechas, tanto las dirigidas para los mercados de precios topados como las destinadas al consumo social, de acuerdo con el criterio de la Agricultura. Se sugiere a las instancias gubernamentales que se examine la conveniencia de que el MINCIN pueda asumir las redistribuciones territoriales de productos agropecuarios para hacer el balance nacional de acuerdo con lo propuesto por la Agricultura, tarea que realiza actualmente la Unión Nacional de Acopio. Las funciones actuales de Acopio pudieran ser asumidas por los restantes eslabones de la cadena que parte del surco y llega a la tarima. Así dejaría de existir el intermediario más cuestionado por los agricultores del país. CERRAR FISURAS EN EL CONSUMO SOCIAL Otro asunto en que se expresan preocupaciones es en las concepciones actuales para asumir el aporte al consumo social. El consumo social se ha elevado mucho en los dos últimos años, lo cual sería beneficioso si los alimentos dedicados a ese fin cumplieran su real cometido en todos los casos, pero lamentablemente una parte de esas asignaciones se desvía para medrar con esos productos vendiéndolos en el mercado subterráneo. En los intercambios con el periódico, se mencionó con preocupación la existencia de casos de centros sociales (como no se realizan controles periódicos), que inflan las plantillas de sus comensales para recibir más alimentos que los necesarios. También ocurre que en la preparación de los comestibles los mejores productos no llegan realmente a sus destinatarios: enfermos, ancianos, niños y adolescentes. Las sustracciones se encubren con adulteraciones que empobrecen la calidad de los suministros dirigidos a los sectores sociales priorizados o a segmentos de la población más necesitada. De igual modo, se propone examinar el estado actual de las fincas de autoabastecimiento de organismos, organizaciones e instituciones. Debería evaluarse nuevamente si resultan provechosas y si las áreas dedicadas a la producción de alimentos cumplen su función. ¿OFERTA Y DEMANDA? Cuando en 1994 surgieron los mercados agropecuarios de oferta y demanda, Cuba transitaba por la etapa más difícil del periodo especial, existían otras condiciones en la liquidez financiera de la población. La escasez de alimentos en aquella etapa era muy aguda y los precios en el mercado subterráneo eran astronómicos. Durante la investigación, se nos planteó en varias oportunidades la posibilidad de eliminar los principios de oferta y demanda de la comercialización agropecuaria, en cuyo nombre tantos desmesura y abuso se cometen con la población y que mayoritariamente han permitido a los intermediarios enriquecerse a costa de las necesidades. En realidad, esos mercados de libre formación de precios fueron aprobados por un Decreto emitido por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros en 1994. Han pasado cerca de 12 años desde entonces y quizás sería conveniente reflexionar sobre el asunto a la luz de las actuales condiciones económicas del país para encontrar soluciones más adecuadas al complejo mundo de la comercialización agropecuaria. Por lo pronto, hay una contradicción que resolver. Los que venden en estos mercados a altísimos precios se refugian en el principio de oferta y demanda y gravan considerablemente al ciudadano común, pero para esos mismos vendedores no existe la relación oferta-demanda a la hora de recibir los beneficios sociales de la Revolución. |
Debería evaluarse la conveniencia de someter todos los productos agropecuarios al sistema de precios topados y solo excluir de ese sistema los alimentos no básicos para la población.
