GUATEMALA, 28 de abril (PL).—
Organizaciones de migrantes reclamaron una posición unificada y
enérgica de los gobiernos centroamericanos frente a la ley que se
debate hoy en el Senado de Estados Unidos para criminalizar a los
indocumentados.
"Tres millones de menores de
edad serán tratados como criminales y habrá deportaciones masivas
de los que no cuentan con documentos legales", advirtió Marvin
Andrade, dirigente de la Alianza Nacional de Comunidades
Latinoamericanas y Caribeñas.
Representantes de la alianza y de la
Coalición de Inmigrantes Guatemaltecos están de visita en este
país como parte de una gira por Centroamérica en busca de apoyo
frente a la decisión de Washington de endurecer la política
migratoria.
En un encuentro con el Procurador de
los Derechos Humanos, Sergio Morales, los visitantes calificaron de
pasiva la posición del gobierno guatemalteco respecto al problema.
En ese sentido consideró Morales que
el Estado debería gestionar un mejor trato para los nacionales en
Estados Unidos y prepararse para recibir a los deportados.
Los activistas se reunieron también
aquí con organizaciones sociales, populares y religiosas, las
cuales decidieron sumarse el 1 de mayo al boicot a los productos
norteamericanos.
"El Día Internacional de los
Trabajadores será dedicado a la solidaridad con nuestros hermanos
en Estados Unidos", declaró Nery Barrios, dirigente de la
Unidad de Acción Sindical y Popular.
Estudiantes Universitarios, la
Central General de Trabajadores de Guatemala, el Movimiento
Indígena, Campesino, Sindical y Popular, la coalición Mesa Global,
así como las Iglesias Católica y Evangélica se sumarán también
al boicot.
Asimismo, realizarán protestas
frente a la embajada estadounidense contra la política de
criminalizar a los indocumentados y sancionar a las personas que los
ayuden y por construir muros en la frontera con México para
contenerlos.
La reforma migratoria que se debate
en el Senado norteamericano tendrá nefastas consecuencias para
Guatemala, si se tiene en cuenta que, de un millón 300 mil
emigrantes en aquel país, 60 por ciento son ilegales.