WASHINGTON, 27 de abril (PL).— Más organizaciones religiosas, sociales y de empresarios en Estados Unidos prometieron hoy sumarse a la manifestación del 1 de mayo, con el objetivo de presionar al Congreso para que apruebe una reforma migratoria favorable a los indocumentados.

En Phoenix, Arizona, activistas y líderes latinos hicieron un llamado a la comunidad inmigrante para que el lunes próximo, en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, no asistan a sus centros laborales ni compren producto alguno en centros comerciales.

Representantes de dos mil campesinos de Texas y Nuevo México amenazaron con boicotear a los empleadores que sancionen a los asalariados que no se presenten en los campos el lunes.

Citado por el diario La Opinión, Bob Charney, dueño de una de las empresas más grandes de ropa y costura de California, prometió que se sumará al movimiento de faltar al trabajo, a la escuela y abstenerse de efectuar compras.

"Ha llegado el momento de reconocer a los inmigrantes sus contribuciones a esta nación. Por eso, no importa lo que pierda ese día", expresó el empresario de origen canadiense.

La idea del paro económico nacional surgió antes de la Mega Marcha realizada el 25 de marzo último en Los Angeles, pero desde ese día ganó nuevos adeptos.

Un estudio realizado por la compañía Investigación García revela que el 70 por ciento de la comunidad latina apoya el paro laboral, educativo y comercial.

Las encuesta fue aplicada a personas de habla hispana que viven en las ciudades con mayor cantidad de inmigrantes como Los Angeles, Chicago, Nueva York y Houston.

Mientras avanzan los preparativos para el boicot del 1 de mayo, las negociaciones en el Congreso para lograr una reforma migratoria razonable marchan con lentitud. Los sectores más conservadores consiguieron incluir una enmienda para la seguridad fronteriza.

Este miércoles el Senado aprobó un agregado a una ley de presupuesto adicional de emergencia que garantiza mil 900 millones de dólares para mejorar el control de las franjas limítrofes con Estados Unidos, sobre todo la que separa al país de México.

La iniciativa del senador republicano Judd Gregg fue acogida por 59 votos a favor y 39 en contra, y se considera el primer paso para una ley más amplia.

El presupuesto sería dedicado a la compra de aviones para vigilar las fronteras y financiar la construcción de un muro cerca de San Diego, California, una de las acciones que despierta mayor rechazo entre los defensores de los derechos de los indocumentados.