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Más sobre el abismo entre el surco y la tarima No existe un sistema estatal de control y supervisión El Ministerio de la Agricultura estudia una propuesta para eliminar la dispersión en la administración de esos centros en la capital RAISA PAGÉS El teléfono suena en la Unión Nacional de Acopio. Los reporteros contactan para notificar violaciones de precio en varios Mercados Agropecuarios Estatales. El interlocutor nos responde con la pregunta: ¿De qué municipio y dirección? Ah, si fue en Playa —dicen luego—, ese no lo dirigimos nosotros, sino la Empresa de Cultivos Varios situada en Güira de Melena, y el de Boyeros, lo dirige la de Quivicán, explica el funcionario.
Los que participamos en la investigación que desarrolla Granma sobre el funcionamiento de los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE) de la capital nos encontramos que las quejas por las irregularidades se diluyen, al igual que las responsabilidades. No existe un sistema territorial de control y fiscalización estatal sobre esos centros en Ciudad de La Habana. La administración de los MAE de la gran urbe de la Isla se encuentra muy dispersa. Actualmente, 137 MAE de la ciudad pertenecen a nueve empresas agrícolas que no radican en ese territorio, sino en la otra Habana, la que proporciona una buena parte de las viandas y hortalizas que consumen los capitalinos. Esas nueve entidades de Cultivos Varios de la provincia de La Habana tienen una misión fundamental: abastecer y transportar alimentos para los mercados estatales, consumo social y controlado de la capital, además de cosechar productos para sus propios moradores.
Con tal responsabilidad, ¿pueden los empresarios agrícolas de La Habana asumir el control y supervisión de lo que ocurre en los centros estatales de comercialización de la gran ciudad, situados a decenas de kilómetros de su ámbito rural? Evidentemente, no. Los trabajos publicados en Granma recientemente lo demuestran. La actual estructura estatal de dirección de los mercados agropecuarios necesita ser cambiada. Las nueve empresas habaneras no pueden detectar los problemas de los MAE de la capital porque, sencillamente, no se puede ser juez y parte. DEL DICHO AL HECHO... En los reglamentos que rigen los MAE se estableció no reportar mermas, como uno de los requisitos para que los administradores y sus empleados reciban estímulos por encima de sus respectivos ingresos básicos. Esa condicionante funcionaría si se les bajaran los precios a los productos deteriorados, para aprovecharlo todo. Pero no sucede así de forma generalizada en la capital. ¿Por qué? Por otro requisito que interfiere en el sistema de estímulos. Para que un trabajador de un mercado estatal reciba entre un 3% y 5% de lo comercializado en un mes, debe cumplir el plan de venta en valores. Si rebajan precios a los productos de dudosa calidad, los ingresos disminuyen. No es posible generalizar, pero las investigaciones efectuadas por Granma y las quejas de los lectores apuntan a que ni al administrador ni a los empleados les conviene bajar los precios del tope máximo, cuando se empiezan a deteriorar los productos. Para salir de las viandas y hortalizas de dudosa calidad las sitúan arriba, como sucede con los tomates maduros a punto de reventar, mientras los pintones grandes y buenos los esconden para salir de la mercancía a punto de desechar y no reportar mermas, pues perderían la estimulación. Las violaciones de precios son las más comunes, pero también están las del peso de los productos. En algunos lugares han sustituido las pesas por envases plásticos o latas que llenan de ajíes, ajos, coles picadas o granos. Con estas prácticas, una libra puede costar el triple o el cuádruple del precio tope establecido. Todas estas irregularidades ocurren en los mercados agropecuarios porque no hay una contrapartida estatal de supervisión que garantice la disciplina en el cumplimiento del reglamento y penalice económica y moralmente a las direcciones y empleados de esos comercios. Lo lógico es que en la capital existan unidades territoriales de Acopio que se encarguen de controlar y fiscalizar los MAE, pero ese mecanismo no existe en la actualidad. Solo 27 MAE de Ciudad de La Habana se subordinan a la Unión Nacional de Acopio. El Ministerio de la Agricultura estudia una propuesta para que los centros de comercialización estatales de la capital sean dirigidos por dos unidades territoriales de Acopio. En ese documento, al que tuvimos acceso, se plantea que el vínculo que debe permanecer entre las empresas agrícolas habaneras y los MAE de Ciudad de La Habana debe ser solo de abastecimiento (por ejemplo, la entidad de Batabanó surte a mercados de La Habana Vieja y del Cotorro, mientras que la de Güira de Melena traslada productos a Arroyo Naranjo y Playa). La propuesta establece la creación de dos unidades territoriales de Acopio para controlar los MAE de la ciudad que ahora están asignados a entidades agrícolas habaneras. Estimamos que aún cuando el Ministerio de la Agricultura implemente ese control territorial por parte de Acopio u otros mecanismos, la responsabilidad por el buen desempeño de los mercados agropecuarios estatales debe estar, en última instancia, en las estructuras de Gobierno del territorio, desde el municipio hasta la provincia, pues esos centros ofrecen un importante servicio a los consumidores, que es el pueblo, sus electores. El Consejo de la Administración del Poder Popular de Ciudad de La Habana aprueba los precios topes mensuales, pero a nuestro juicio también debe contar con mecanismos que le permitan fiscalizar lo que sucede después en los agromercados de la capital, no solo en las violaciones de precio, sino en todas las irregularidades que ocurren en esos comercios. NI SE COMPRA NI SE VENDE POR CALIDAD Actualmente, ni se compran ni se venden productos atendiendo a su calidad, porque no existen normas para establecer las variables de primera, segunda y tercera, después del colapso en las cosechas en la etapa más difícil del período especial. Eso lo comprobamos en los mercados estatales y en las entrevistas sostenidas con funcionarios y especialistas de los ministerios de la Agricultura y de Finanzas y Precios. Los agricultores que se quejaron a nuestro diario de que han recibido pagos por debajo del precio tope y se les han evaluado de segunda o tercera productos de primera, fueron víctimas de funcionarios desinformados o de supuestamente ignorantes de lo que está establecido. Precisamente ahora se elaboran normativas que respondan a las condiciones actuales. Cuando entren en vigor, los agricultores individuales y colectivos recibirán una mayor remuneración por el mejor producto. Así se estimularán la calidad y el beneficio de las cosechas de los agricultores. Para poder exigir diferencia de precio en los mercados por la calidad de los productos, hay que comenzar por el primer eslabón de la cadena: el agricultor, pues ahora recibe un precio único para cada uno de los alimentos frescos agrícolas que vende. Comerciar con los precios que se correspondan con la calidad, beneficia tanto a los productores como a los consumidores. |
Este mercado situado en Playa, calle 5ta. F y 120, es atendido por la Empresa de Cultivos Varios de Güira de Melena. No se puede ser juez y parte en el control del funcionamiento de los MAE.
Cuando existan mecanismos que permitan obtener mayor remuneración por calidad, los productores serán los más interesados en lograrlo.
