Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

Estamos asistiendo a un nuevo golpe al multilateralismo y a las Naciones Unidas. Estados Unidos ha amenazado con pedir votación y votar en contra del proyecto de resolución presentado por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado jueves 23 de febrero, con el objetivo de dejar establecidas las modalidades del Consejo de Derechos Humanos, órgano que sustituiría a la actual CDH. Como se conoce, dicha Comisión terminó hundida en el descrédito por la manipulación política impuesta a sus labores por la Administración Bush y sus aliados y cómplices de la Unión Europea.

El Embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas —impuesto por los halcones de la Casa Blanca a contrapelo del propio Congreso de la Unión—, anunció ayer lunes 27 de febrero, que contaba con instrucciones para reabrir las negociaciones con relación al texto del proyecto, añadiendo que si se intentaba adoptar una decisión sobre el mismo en su contenido actual, solicitaría votación y votaría en contra del mismo.

Lo paradójico en todo esto es que el proyecto de resolución, que fuera circulado oficialmente hoy 28 de febrero, fue concebido minuciosamente y negociado tras bambalinas con los personeros de Washington para acomodar, precisamente, las principales exigencias de la superpotencia, a sabiendas de que estas no contarían con el apoyo mayoritario de los miembros de las Naciones Unidas.

Durante los meses transcurridos del proceso en curso, Estados Unidos y sus aliados han ejercido fuertes presiones sobre numerosos gobiernos del Tercer Mundo, con el objetivo de quebrar su resistencia frente a esta nueva confabulación. La Misión de Cuba ante las Naciones Unidas denunció el peligro de la consumación de esta maniobra en un Comunicado de Prensa distribuido el pasado 20 de febrero.

El chantaje es el único "argumento" de la Administración Bush. Sus tesis no resisten el debate. ¿Qué Consejo de Derechos Humanos pretende imponer Estados Unidos?:

· Uno cuyos miembros queden sujetos a requisitos y condicionamientos de tal naturaleza, que harían imposible el ingreso al mismo de aquellos países que se coloquen en la primera línea de resistencia frente a las acciones agresivas y hegemónicas del imperialismo a escala global. Estados Unidos pretende hacer creer que el descrédito de la CDH es el resultado de la presencia en la Comisión de países como Cuba, cuando es bien conocido que, por el contrario, fueron las maniobras políticamente motivadas que promovieron Washington y los miembros de la Unión Europea, tales como el injusto ejercicio anticubano, las que dieron al traste con la credibilidad de la Comisión. Recordemos que, incluso, Estados Unidos no fue elegido para integrar la Comisión de Derechos Humanos en el año 2001 como voto de castigo de la mayor parte del mundo ante sus imposiciones y manipulaciones.

· Uno que vea disminuida la actual membresía de 53 miembros de la Comisión de Derechos Humanos. Hablan de un órgano "más manejable", es decir, uno más pequeño que les permita concentrar sus presiones sobre menos miembros, para elevar el impacto de las mismas y hacerlas más efectivas. En otras palabras, desean un Consejo que puedan "manejar" mejor, sin la presencia de aquellos que, como Cuba, llamamos a las cosas por su nombre y defendemos, por encima de todo, los principios y la dignidad de los pueblos.

· Uno en el que se imponga a los países candidatos a integrarlo el requisito de recibir el apoyo de dos tercios de los miembros de la Asamblea General para tener éxito en su candidatura. De tal modo, pretenden garantizarse en la práctica, con el acompañamiento cómplice de una clara minoría conformada por sus aliados cercanos y aquellos que se subordinan a sus dictados, el poder de vetar a los candidatos que obstruyan el control que pretenden sobre los trabajos del órgano. La imposición de este requisito, que sólo se aplica a la elección de los órganos principales de las Naciones Unidas, lo cual no es el caso del Consejo de Derechos Humanos, permitiría a una minoría de 64 estados bloquear la candidatura de cualquier aspirante.

· Uno que tenga amplios poderes punitivos y capacidad sancionadora contra los países del Sur, en contraposición con la cooperación internacional en materia de derechos humanos, función que la Carta de las Naciones Unidas asigna a las instituciones que se ocupan de esta materia. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea seguirán adelante en el nuevo órgano con sus tradicionales ejercicios de manipulación política contra los pueblos en desarrollo. Por algo se niegan a considerar siquiera el establecimiento de criterios claros y que se apliquen a todos por igual a la hora de la presentación de resoluciones sobre países.

· Uno en el que los miembros al asumir una conducta disidente frente a las maniobras e imposiciones del imperio, quedarán sujetos al permanente riesgo de ser suspendidos de sus derechos, por la soberbia, el rencor y la arrogancia de la superpotencia.

· Uno que cuente con estrechos vínculos con el Consejo de Seguridad, órgano antidemocrático al que Estados Unidos impone sus condiciones como única superpotencia.

· Uno que no cuente con un mandato expreso para atender de modo priorizado la realización del Derecho al Desarrollo, reivindicación vital de las grandes mayorías de la especie humana. Uno que no pueda adoptar decisiones efectivas contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Uno que concentre sus trabajos en los derechos civiles y políticos como los entiende Washington y que sirva, además, entre otras cosas, para legitimar la tortura, a cuya justificación tanto tiempo han dedicado los teóricos y halcones de Washington.

¿Resulta acaso el proyecto de resolución que ha sido registrado contrario a los intereses de Washington? Todo lo contrario. El mismo consagra la disminución del número de miembros del principal órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas, de 53 a 47 miembros; eleva el número mínimo de votos requeridos para la elección de un candidato a 96; mantiene la posibilidad de imponer resoluciones contra países del Sur, sin sujeción o respeto a criterio alguno. Hace posible, además, la suspensión de los miembros del Consejo con el apoyo de dos tercios de los presentes y votantes en una reunión oficial de la Asamblea General, sin establecer un límite mínimo requerido; abre la posibilidad de que los países del Sur tengan que enfrentar en el futuro no sólo el peligro permanente de ser condenados a través de una resolución, también de ser suspendidos de sus derechos en el Consejo; le da la capacidad al Consejo de responder de modo expedito a las llamadas emergencias de derechos humanos que, según los pretendidos dueños del mundo, sólo ocurren en el Sur. Sin embargo, no se aplica a las graves, masivas y sostenidas violaciones de derechos humanos en el centro de detención de la base de Guantánamo, las torturas brutales en Abu Ghraib o el traslado de detenidos para ser torturados en vuelos secretos de la CIA a través de la civilizada y democrática Europa; hace posible la celebración de reuniones extraordinarias del Consejo a partir de la voluntad minoritaria de un tercio de los miembros del Consejo.

¿Puede calificarse acaso el proyecto de resolución presentado por el Presidente de la Asamblea como un texto que favorece los intereses de los países en desarrollo, en detrimento de las apetencias de Washington? En lo absoluto. De los 28 párrafos del proyecto, ni uno solo fue destinado a promover acciones concretas que permitan superar los obstáculos que plantea el orden internacional vigente a la realización del objetivo de todos los derechos humanos para todos, tal y como establece el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No existe párrafo alguno consagrado a plenitud a la promoción del Derecho al Desarrollo. No se mencionan siquiera los derechos de solidaridad. El derecho de los pueblos a la paz tampoco recibió en el proyecto de resolución el reconocimiento universal que merece.

El problema fundamental no radica en que el texto de la resolución presentada sea contrario, incompatible, o que tan simplemente no asegure los intereses de estabilidad, credibilidad y legitimidad que requiere el esquema de dominación global diseñado por los círculos imperialistas que detentan el poder en Estados Unidos. La motivación real de la embestida final de la actual Administración estadounidense en las negociaciones del Consejo de Derechos Humanos, es evidenciar su voluntad y capacidad para imponer, incluso con el más burdo chantaje, sus condiciones al proceso en curso de reforma y rediseño del sistema internacional que las Naciones Unidas representan. Los neoconservadores de la Administración Bush han iniciado ya, y a marcha acelerada, el proceso de aplicación del proyecto de dominación mundial que plantea el llamado Proyecto para un Nuevo Siglo Americano.

No ha importado a Washington colocar a sus aliados y cómplices de la Unión Europea nuevamente en el ridículo de la subordinación y el acompañamiento mimético a la superpotencia. Después de haber expresado públicamente que se aprestaban a forzar la adopción en el más breve plazo de un proyecto de resolución concebido para acomodar las impopulares demandas de Washington y sus propios intereses, tan espurios como los de su severo tutor, tan pronto se hicieron públicas las amenazantes declaraciones de Bolton, se han apresurado a indicar que si Washington insiste en su posición, deberá posponerse la creación del Consejo.

De este modo, ya varias autoridades de la Unión Europea han declarado que "no es deseable un Consejo creado sin el apoyo de todas las democracias del mundo, así que tenemos que tratar de llevar a EE.UU. hacia nuestro campo".

Ya deben estar trabajando de modo vehemente los aliados europeos del imperio para arrancar al resto del mundo nuevas concesiones que permitan saciar la sed de dominación y rapiña de la Administración Bush.

Al fin y al cabo, sus intereses ideológicos y políticos son los mismos que los de Washington, que se ha encargado de hacerles comprender que sus objetivos no podrían ser cumplidos en Ginebra sin el apoyo de Estados Unidos.

Manipulando el interés universal del fortalecimiento del multilateralismo, Washington, sus aliados y otros gobiernos vulnerables a las presiones de Estados Unidos, pretenden seguir imponiendo sus condiciones obligando al resto de las naciones a claudicar en la imprescindible defensa de los principios centrales del sistema internacional.

El multilateralismo sólo puede funcionar sobre la base del respeto a la igualdad soberana de los estados. No serían viables unas Naciones Unidas que permitan a la superpotencia actuar a su antojo en la instrumentación de sus apetencias hegemónicas e intereses egoístas.

Cuba ha venido participando activamente en los debates sobre la reforma de la CDH con un espíritu constructivo y total transparencia. Ha presentado numerosas propuestas en las sucesivas etapas del proceso, muchas de ellas sustentadas en lenguaje previamente acordado en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, que tuvo lugar en Viena en el año 1993, o en sucesivas resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea General.

Cuba seguirá trabajando para que aquellos aspectos que fueron dejados a un lado de modo injusto, y en contra de la voluntad de la mayoría de los estados del Sur, sean debidamente incluidos en el proyecto de resolución sobre el que deberá pronunciarse la Asamblea General. Esas omisiones atentan gravemente contra la posibilidad de asegurar la creación de un Consejo de Derechos Humanos que sustente sus labores en el diálogo genuino.

Cuba ha trabajado arduamente por evitar que se transfieran al nuevo órgano los graves problemas que dieron al traste con la credibilidad de la CDH. Nuestro país no será cómplice de la consumación silenciosa de una nueva componenda en ciernes entre Washington y sus principales aliados occidentales contra los intereses de los pueblos del Sur.

Cuba mantendrá su denuncia vertical frente a este nuevo ataque al sistema internacional y a los intereses de los pueblos del Sur y actuará, según las circunstancias lo exijan, en defensa de la justicia, del Derecho Internacional y de la tan necesaria cooperación internacional a favor de la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos los pueblos y todas las personas.

La Habana, 28 de febrero de 2006

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