WASHINGTON, 25 de febrero (PL). — El ex jefe de gabinete del vicepresidente Richard Cheney, Lewis "Scooter" Libby, carecía de prerrogativas para conocer la identidad de oficiales encubiertos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), trascendió hoy.

Según el diario The Washington Post, Libby, acusado de divulgar a la prensa detalles de una agente de la CIA, no tenía autorización para acceder a ese tipo de datos, propio de los servicios de espionaje.

En una audiencia realizada la víspera, el juez federal Reggie B. Walton negó además que el consejero presidencial tuviese facultades para traspasar a medios de comunicación información secreta.

El escándalo estalló a fines de 2003, cuando uno o varios asesores de la Casa Blanca revelaron al diario The Washington Post la identidad de la oficial Valerie Plame, esposa de Joseph Wilson, ex embajador de Estados Unidos en Gabón.

La fuga intencional de esa información fue interpretada en círculos políticos como un castigo de la mansión ejecutiva a Wilson, quien desacreditó al presidente George W. Bush sobre los argumentos utilizados para justificar la invasión a Iraq, en marzo de ese año.

Cuando permanecía en Gabón, el diplomático recibió de parte de la CIA la misión de investigar si el entonces gobierno de Saddam Hussein intentó adquirir uranio en Níger.

Contrario a los deseos de la Oficina Oval, los resultados de la pesquisa fueron negativos y Wilson los hizo públicos, pese a que Bush, en su discurso sobre el estado de la Nación, acusó a Bagdad de tener un programa de armas de exterminio masivo.

Hasta ahora el principal acusado de la filtración de la identidad de Plame es Libby, quien tiene en su contra un cargo por obstrucción de la justicia, dos por falso testimonio y dos por perjurio.

En días recientes los abogados del ex asesor de Cheney solicitaron que al acusado se le diera acceso a documentos secretos utilizados antes por él, para utilizarlos ahora en su defensa.

Los letrados alegaron que, con esa petición, no buscaban malograr el proceso judicial.

En una nota entregada a medios noticiosos, estimaron que existen documentos "extremadamente sensibles" que podrían ser utilizados por la fiscalía para castigar a su cliente.

Sin embargo, de tener la defensa acceso a esos documentos, buscaría elementos que contribuyan a demostrar que Libby actuó en cumplimiento de su deber, dadas sus supuestas prerrogativas en temas de seguridad nacional.