El Movimiento Mexicano de Solidaridad con la Isla (MMSC) anunció en un comunicado que esa acción tendrá lugar luego de un mitin programado para este mediodía ante la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores.

Se trata de la segunda manifestación ante esa dependencia en protesta contra la expulsión el pasado día 3 de una delegación cubana de un hotel de la cadena norteamericana Sheraton, cumpliendo órdenes del Departamento del Tesoro de esa nación.

La entrega de dicha carta se inscribe en lo que va a ser una campaña permanente por parte del MMSC para mantener la opinión pública nacional e internacional informada y movilizada en torno al caso del Hotel Maria Isabel Sheraton, subraya el comunicado.

En la misiva, suscrita también por miembros del capítulo mexicano de la organización En Defensa de la Humanidad, se califica de indignante la respuesta del gobierno del presidente Vicente Fox ante el desalojo de los 16 funcionarios cubanos.

Se trata -afirma- de una violación clara de la soberanía nacional por la aplicación extraterritorial de la ley Helms-Burton en México, la cual está encaminada a perpetuar el criminal bloqueo de Estados Unidos en contra de Cuba.

El gobierno de la República está obligado a protestar enérgicamente ante Washington por medio de una nota diplomática, en defensa de la dignidad y el decoro nacionales, sostiene.

Apunta además que "el Hotel Sheraton, independientemente de las sanciones que le sean impuestas, debe comprometerse clara y expresamente a acatar las leyes de nuestro país para poder seguir operando".

Entre los firmantes de la carta, el MMSC cita a personalidades como Pablo González Casanova, Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio, Enrique González Ruiz, Gilberto López y Rivas, Guillermo Almería y Héctor de la Cueva.

Se encuentran además, entre otros, Héctor Díaz Polanco, John Saxe-Fernández, José Francisco Gallardo, Luis Hernández Navarro, René Avilés Fábila, René Drucker, Marcos Rascon, Sergio Rodríguez Lascano y Raúl Villegas.

La aplicación en esta nación de la Helms-Burton, aprobada en Estados Unidos el 12 de marzo de 1996, es repudiada por vastos sectores nacionales, incluso por dirigentes del gubernamental Partido Acción Nacional.

El canciller Luis Ernesto Derbez rechazó la presentación de una queja ante la Casa Blanca por el desalojo de los cubanos y la apropiación del dinero pagado por su alojamiento, al considerar que el suceso no violó la soberanía nacional.